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Madrid (El País Internacional). El Gobierno español se ha escudado en la estabilidad del sistema financiero para rechazar algunas propuestas más ambiciosas para luchar contra los desahucios. Sin embargo, ahora es el propio Banco Central Europeo (BCE), uno de los componentes de la troika (junto al FMI y la Comisión Europea) que vela por la reestructuración financiera, el que le reclama más medidas contra ese drama social que sufre desde hace varios años España con especial intensidad.
En un dictamen firmado la semana pasada por el presidente de esa institución, Mario Draghi, y dirigido al Gobierno español, el BCE señala que “debería adoptarse un conjunto de medidas más amplio que aborde las causas subyacentes de las dificultades relacionadas con las hipotecas y que trate de evitar, en la medida de lo posible, las ejecuciones hipotecarias”.
“Solo con una estrategia de resolución más amplia se puede hacer frente a los retos que plantean los cambios en las circunstancias económicas de los prestatarios, los cambios sustanciales en el valor de los inmuebles y el posible resultado de hipotecas inviables, manteniendo al mismo tiempo incentivos apropiados tanto para deudores como para acreedores y reduciendo al mínimo el posible riesgo moral”, añade el dictamen del Banco Central Europeo.
Y aunque el supervisor europeo aplaude el establecimiento de un fondo social de viviendas, considera que esa iniciativa debería ser parte de una estrategia amplia e integrada de gestión de las dificultades relacionadas con las hipotecas.
“Esta estrategia puede desembocar finalmente en menos ejecuciones hipotecarias y menos necesidad de un fondo social de viviendas”, explica en su informe.
El Ministerio de Economía solicitó al Banco Central Europeo su dictamen sobre el proyecto de ley de protección de deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, que ya está aprobada y en vigor. La ley refuerza la independencia de las sociedades de tasación, limita a 30 años el plazo de los préstamos hipotecarios a efectos de titulización, exige tres meses de impago para iniciar el procedimiento de ejecución y, tras la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, permite al tribunal o las partes oponerse al procedimiento de ejecución hipotecaria por cláusulas abusivas del contrato hipotecario.
Además, para proteger a los hipotecados, la ley impulsada por el Gobierno del PP limita los intereses de demora y suspende por dos años los desahucios en supuestos de especial vulnerabilidad.
Aunque el dictamen admite que los cambios en la legislación hipotecaria deberían basarse en un análisis pormenorizado de su impacto en el sistema financiero y que deberían vigilarse los efectos de los cambios sobre las provisiones y el capital de los bancos, está claro que al BCE las medidas que ha puesto en marcha el Ejecutivo español le parecen insuficientes.
El dictamen, aprobado por el Consejo de Gobierno del banco, subraya que “la ejecución hipotecaria debe considerarse el último recurso”.
La ejecución hipotecaria resulta costosa y generalmente produce menos ingresos que las ventas voluntarias. Por ello, considera importante que los bancos “adapten sus prácticas actuales de gestión de prestatarios incursos en incumplimiento a fin de evitar las ejecuciones hipotecarias, y que el marco regulador proporcione incentivos a todas las partes interesadas para que acuerden una reestructuración de deuda oportuna y razonable en caso de incumplimiento”.
Según los datos del Banco de España -procedentes de una encuesta dirigida a un conjunto de entidades bancarias, que gestionan más del 85% del total del crédito hipotecario vivo concedido a hogares para la compra de viviendas-, en 2012 los bancos se quedaron con 39.167 viviendas por impago de la hipoteca, de las que 18.195 fueron entregas judiciales. Dentro de estas últimas, 14.165 fueron entregas de primera vivienda.
