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La Junta Liquidadora del Banco Anglo Costarricense (BAC) inició una investigación sobre supuestos pagos irregulares a la deuda que, por ¢159 millones, mantiene el empresario Angel Castillo Rodríguez con el extinto Banco.
Castillo, que también es coimputado en un delito de peculado, junto con el exgerente del BAC Carlos Hernán Robles Macaya, alegó a la Junta -hace algunos meses- que ya había cancelado sus obligaciones, aunque no ha presentado las pruebas.
Sin embargo, esa versión fue desmentida por Marco Hernández Avila, presidente de la Junta Liquidadora, quien agregó que las cuentas vencidas ya fueron enviadas a cobro judicial.
Según informó anteayer el diario Al Día, presuntamente el verdadero nombre de Castillo Rodríguez es Sulejman Asanoski y hay una orden de captura en su contra en Guatemala. Esta versión fue confirmada a La Nación por un funcionario de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS).
Al Día detalló que el empresario, a quien se le atribuyen cargos de estafa y falsedad material desde 1988, nació en la antigua Yugoslavia y supuestamente ha ostentado tres nacionalidades -dos de ellas fraudulentas- en los últimos siete años.
Hernández confirmó a La Nación, el viernes pasado, que Castillo todavía mantiene deudas por ¢159 millones, de acuerdo con el corte a mayo de 1995. Ayer se intentó conocer la reacción del implicado, pero fue imposible localizarlo en su oficina o en su casa.
Pagos sospechosos
Hace cerca de tres meses, dos hombres se presentaron a la Unidad Receptora de Pagos (URP) de la Junta Liquidadora y se identificaron como abogados de Castillo Rodríguez.
Ellos, que solicitaban anular las deudas de su cliente, entregaron al funcionario Gustavo Corrales un documento que contenía el detalle de los supuestos recibos con los cuales se habían cancelado las operaciones.
A la distancia, mostraron copias de los presuntos recibos y alegaron que las retribuciones las había efectuado un hombre que viajaba cada mes desde Panamá hasta la sucursal del Banco Anglo en Paso Canoas.
No obstante, luego de que Corrales les solicitara los recibos originales para cotejar los pagos, los hombres abandonaron el edificio y argumentaron que volverían el lunes siguiente para entregar un solo paquete con todos los papeles. Nunca regresaron.
Minutos después, Corrales se percató de que el documento contenía gran cantidad de irregularidades y procedió a reportarlas.
La principal anomalía es que los números de los recibos son consecutivos, mientras que las fechas tienen diferencias de hasta cuatro meses. Es decir, si los datos fueran verdaderos, la sucursal de Paso Canoas solo recibió abonos de Castillo durante cinco meses.
El dato más contradictorio es una supuesta retribución por ¢20,3 millones, reportada con fecha 18 de julio de 1994 y con el recibo 887737. El mismo documento indica que el recibo siguiente, es decir el 887738, fue cancelado el 21 de enero de 1994, es decir, seis meses antes.
Hernández explicó que se están localizando los comprobantes correspondientes a esa numeración para averiguar a quién pertenecen. Sin embargo, adelantó que son evidentes las dudas que arroja el documento.
Hasta la fecha, Castillo se ha negado a presentar los recibos originales.
Millones incobrables
Según la información en poder de la Junta Liquidadora, solo el 23 de junio de 1993, Castillo recibió ¢80 millones en tres créditos a favor de sus empresas Europ Car, Corporación Euroclub y Corporación Euro de Centroamérica.
Las tres operaciones fueron aprobadas por Robles Mayaca y solo reportan como garantía letras de cambio a nombre de Castillo Rodríguez, quien no tiene ninguna propiedad o activo a nombre suyo o de sus empresas.
El exgerente del BAC también dio el visto bueno a tres sobregiros en las cuentas corrientes del yugoslavo y sus compañías, que entre todos suman ¢58 millones.
Angel Castillo tenía tres cuentas corrientes en el Anglo, que operaron entre el 5 de marzo de 1993 y el 27 de julio de 1994. Además, mantiene una deuda por ¢6 millones por el uso de una tarjeta de crédito.
En total, el cuestionado empresario debe ¢159.263.224,08, que serán difíciles de rescatar para la Junta Liquidadora pues no existe ningún tipo de garantía que respalde ese monto.
Compañeros de causa
Además de haber aprobado ¢139 millones entre créditos y sobregiros sin garantía suficiente a favor del empresario Angel Castillo, el exgerente del Banco Anglo Costarricense (BAC) Carlos Hernán Robles Macaya también está procesado por presunto delito de peculado junto con el yugoslavo.
En la causa, que se sigue en el Juzgado Cuarto de Instrucción de San José, se responsabiliza a Robles por haber dado la autorización para que el Anglo comprara a Castillo una pizarra electrónica en ¢10 millones.
Según las normas bancarias, el exgerente solo podía firmar compras directas por hasta ¢5 millones; por tanto, el juez Ewald Acuña asegura en su escrito que se extralimitó en sus facultades. La compra se habría efectuado para que Castillo pudiera cancelar parte de sus deudas con esos ingresos. Según parece, la pizarra no estaba en buenas condiciones y no funcionaba bien.
El peculado, cuya acusación presentó el Ministerio Público hace dos meses y se procesó en el Juzgado Cuarto pocos días después, fue detectado a raíz de varios estudios que, sobre esa operación, efectuó la auditoría interna del disuelto Banco Anglo.
Ayer se intentó localizar a Robles para conocer su versión sobre la causa penal y su vinculación con Castillo, pero tenía apagado su teléfono celular y en su oficina no contestaron.
