EscucharEl Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) tiene lista una provisión por ¢8.779 millones, correspondientes al bono de productividad para los empleados del periodo 2020 y 2021, el cual deberá desembolsar a sus 5.133 empleados una vez que el Juzgado de Trabajo resuelva un arbitraje laboral sobre pago de beneficios amparados en la convención colectiva.
Bernardo Alfaro, gerente general de la institución estatal, explicó a La Nación que solicitaron en la vía judicial limitar el Sistema de Evaluación del Desempeño e Incentivo al Personal (SEDI) para que no supere el 60% del salario de cada funcionario, a lo cual se opuso el sindicato.
“El Juzgado de Trabajo dirá si el SEDI va o no va. La Administración (del Banco) propuso que tuviera un tope del 60% y al sindicato no le pareció. Independientemente de si hay o no hay tope, tendremos que hacer el pago de 2020 y 2021, que está aprovisionado. El personal del Banco no ganó SEDI en el 2016, 2017, 2018 y 2019. Pero se ganó en el 2020 y 2021″, explicó el jerarca.
El bono económico entregado a los empleados del Banco Nacional está fundamentado en el artículo 63 de la convención colectiva, el cual estipula que la entidad repartirá, entre sus empleados, el 15% de las utilidades netas. La resolución que salga del Juzgado de Trabajo tendrá implicaciones a futuro, por ejemplo, en el premio recibir sobre las ganancias netas del 2022, si se cumplen con los objetivos de productividad.
El gerente del BNCR explicó que entre el 2016 y el 2019 el bono no se ganó porque la entidad bancaria no consiguió las metas de rentabilidad, ganancias, servicio al cliente y desempeño del negocio.
El año pasado, el SEDI ascendió a ¢5.218 millones y, en el 2020, fue de ¢3.551 millones. Dichos montos se distribuye entre los 5.133 empleados de la entidad, previo a una evaluación y cumplimiento de metas, según el Informe de Evaluación del Plan Estratégico, Plan Operativo y Presupuesto Anual, del 2020 y 2021, entregado por la entidad a la Contraloría General de la República (CGR).
El Banco Nacional también cuestionó en el arbitraje laboral otros beneficios otorgados a los empleados como el cálculo del pago de vacaciones, la cesantía, pago semanal, antigüedad, estudios realizados con vínculo en la actividad laboral y la actualización de valores sobre ventajas económicas.
El BNCR presentó el arbitraje laboral, en febrero del 2019, porque no llegó a un acuerdo con el Sindicato de Empleados del Banco Nacional (Sebana) en los incentivos económicos pagados a los empleados con base en la convención.
“Respetamos la posición de la administración del Banco, sin embargo, debemos esperar a lo que se resuelva en el proceso arbitral y en ese momento pediremos las compensaciones necesarias por el retraso en el pago del SEDI”, argumentó la Junta Directiva de Sebana a La Nación por escrito.
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El arbitraje en el Juzgado de Trabajo está suspendido, desde agosto del 2020, a raíz de una acción de inconstitucionalidad presentada contra el pacto laboral, según consta en el expediente 19-000392-1178-LA. Sin embargo se retomará una vez que la Sala IV notifique la sentencia de la acción, porque se votó en noviembre del 2021.
En el fallo, los magistrados eliminaron el subsidio de ¢400.000 pagado a los empleados del Banco por el fallecimiento de familiares; de ¢250.000, por nacimiento o adopción de un hijo y; de ¢150.000, por matrimonio. También se suprimió el pago de cesantía de 20 años establecido en la convención.
Polémico beneficio
Los cuestionamientos en la forma de pagar el bono de productividad a los empleados del Banco Nacional se generó a raíz de una auditoría especial hecha por la Contraloría.
La entidad reveló en el informe DFOE-EC-IF-10-2015, de enero del 2015, que la institución bancaria pagó entre el 2006 y el 2012 montos por encima del 15% de las utilidades a sus empleados pues, al incluir las cargas sociales, el beneficio llegó a representar el 28% de las ganancias. En el informe se determinó un pago de ¢78.221 millones, “sin que se tenga claro el aporte o contribución del gasto realizado con la aplicación del modelo de incentivos al logro de los objetivos estratégicos institucionales“.
La Contraloría ordenó a la entidad bancaria que en el cálculo del beneficio se debían integrar los costos asociados al bono de productividad. Este incentivo se paga desde 1997 cuando se integró como uno de los incentivos dentro de la convención colectiva. Dicho mecanismo excluye a la alta gerencia, miembros de la Junta Directiva y el auditor.
A raíz del estudio de la CGR, en noviembre del 2015, el Gobierno de Luis Guillermo Solís emitió un decreto ejecutivo en el cual se estableció que los bonos para empleados de la banca estatal no podrán superar el 60% del salario del funcionario. La norma dictada ese año sigue vigente.
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Bernardo Alfaro, gerente del Banco Nacional, confirmó que durante la renegociación de la convención colectiva, iniciada en el 2017, la propuesta de la entidad fue adaptar la redacción de artículo vinculado al bono a lo establecido en el decreto ejecutivo, pero el sindicato se opuso, por lo cual se planteó el arbitraje.
“El Banco quiere mantener el SEDI con los límites y acotaciones del caso, porque sí ha demostrado ser un excelente instrumento para que la gente haga un esfuerzo extraordinario para alcanzar las metas (...) la idea nuestra es que el beneficio no sea superior al 60%, o sea, alguien que se sacó un 100 en la evaluación de desempeño y cumplió todas las metas, si gana ¢100.000 no puede recibir más de ¢60.000 de SEDI”, dijo el jerarca.
La bonificación económica se paga en marzo de cada año, con base en las utilidades netas del periodo previo. El mismo se cancela al trabajador después de someterlo a una evaluación de desempeño y si el Banco consigue unas metas anuales de rentabilidad y desempeño. Para ambos casos, la nota debe ser superior a 80. Alfaro comentó que, el año pasado, la institución obtuvo un 82.
Sobre los otros beneficios en disputa en el Juzgado de Trabajo, la entidad explicó que se dejó de pagar 20 años de cesantía cuando la Sala IV acogió la acción de inconstitucionalidad para estudio y pagaban ocho años de prestaciones a quien se jubilara, falleciera o fuera despedido con responsabilidad patronal. Al final los magistrados establecieron un tope de 12 años de cesantía.
En el caso de la antigüedad, el Tribunal no encontró inconstitucionalidad en la forma en que se paga. Este incentivo solo se otorga 1.500 empleados que están bajo el sistema de base más pluses, es decir, el 30% de la planilla dado que el 70% está contratado por salario global.
La Directiva de Sebana aseguró que, ante la resolución de la Sala IV, el Banco debe pagar los periodos retenidos una vez resuelto el arbitraje deberá cancelar el resto.
