EscucharAlrededor de 1.000 hectáreas de banano, de cinco fincas abandonadas en la zona sur del país, serán cortadas cuando el Gobierno consiga los recursos para ese fin, pues son un foco de infección de sigatoka y moko.
Ese paso se hará con o sin el consenso de los dueños de las plantaciones o sin él, pues la legislación vigente de protección fitosanitaria lo permite, advirtió el Ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Alberto Dent.
Se trata de las fincas Servasur, Línea Verde, Boruca, Coobasur y Banasur, que actualmente tienen tres meses en total estado de abandono. Los dueños aducen que la caída en el ingreso no permitió continuar con su atención.
No hay ninguna salida para esas plantaciones, repitió el ministro Dent.
Al sumar el endeudamiento actual con los requerimientos para rehabilitarlas, la cifra oscila entre $25.000 y $30.000 por hectárea, mientras que hacer una finca nueva requiere entre $12.000 y $15.000 por hectárea, adujo el funcionario.
El Ministro fue tajante en este punto, tras afirmar que es injusta la crítica de la zona sur en el sentido de que no se le ayuda a los bananeros.
Recordó que durante dos años y medio se ha mantenido un impuesto de $0,02 por cada caja exportada, cuyo destino específico es la ayuda a esos los productores.
Además, dijo, en los últimos meses el Instituto Mixto de Ayuda Social entregó ayuda económica a los alrededor de 1.000 trabajadores que quedaron sin empleo por el abandono de las fincas.
Dent atacó a quienes, aseguró, incitan a trabajadores a cerrar calles para pedir el pago de prestaciones que no corresponden al Estado, sino a empresarios privados. Se refirió al cierre, durante cuatro horas, el domingo anterior, de la carretera Interamericana Sur.
Vianney Saborío, en representación del "Frente de lucha pro defensa de la actividad bananera del Pacífico sur", advirtió que el proceder no es injusto, pues desde abril del año anterior se presentó el caso al gobierno y sus posibles soluciones.
En aquel momento Dent era asesor de la presidencia de la República y se le designó para el caso bananero de la zona sur.
Saborío recordó que a los dueños de las plantaciones se les obligó a firmar, ante el departamento legal de la Corporación Bananera Nacional (Corbana), escrituras públicas para otorgar las fincas en "dación de pago".
Esa figura se exigió para poder acceder a los recursos del fondo establecido con los $0,02 por caja exportada.
Las escrituras se firmaron en mayo del 2000, cuando las fincas estaban en producción, pero el Gobierno no cumplió, según Saborío.
Sin acceso a esos recursos, continuó, y con la baja en los ingresos, no se logró atender las plantaciones.
Denunció que un decreto del 30 de enero anterior autoriza el uso del fondo de $0,02 por caja exportada para pagar las prestaciones a trabajadores de seis fincas que están bajo el fideicomiso Fibasur, de Corbana.
Esas fincas fueron embargadas y se las adjudicó el Banco Nacional y liquidarán a los trabajadores para que ese banco y Corbana firmen otro contrato de fideicomiso por seis meses.
Tras conocer toda esta información, comentó Saborío, el Frente se pregunta por qué se les paga a unos trabajadores y a otros no. ¿Qué diferencia hay entre quienes laboran en fincas bajo un fideicomiso y los que estaban en otras no cobijadas por esa figura?, se cuestionó.
