EscucharBuenos Aires, 20 may (EFE).- El Estado argentino no puede aumentar su participación en el mercado aéreo local mediante la creación de una empresa de aviación, advirtió hoy Antonio Mata, presidente del comité ejecutivo de Aerolíneas Argentinas, del grupo español Marsans.
El ejecutivo recordó que el pliego de la privatización de Aerolíneas Argentinas no permite al Estado argentino participar en otra línea aérea.
Mata dijo a periodistas que Aerolíneas Argentinas decidirá si recurre a la Justicia, para hacer valer esa cláusula del pliego de privatización, una vez que el presidente argentino, Eduardo Duhalde, firme el decreto de creación de una compañía estatal.
Esa empresa estatal de aviación fue proyectada para absorber a los 850 trabajadores de la aerolínea Lapa, de capitales argentinos y bolivianos y que entró en concurso de acreedores.
El Estado argentino, que en 1990 vendió Aerolíneas Argentinas, mantiene una participación societaria mínima en la línea de bandera argentina.
La conformación de la nueva empresa es la solución que adoptó el Gobierno argentino para garantizar las fuentes de empleo de los trabajadores de Lapa, que está camino a la quiebra.
Además, el Gobierno sostiene que la nueva compañía permitirá regular el mercado aéreo local evitando una posible situación de monopolio de Aerolíneas Argentinas.
Según datos de Aerolíneas Argentinas, la empresa opera el 45 por ciento de los vuelos internacionales desde y hacia Argentina y posee una cuota del 82 por ciento en el mercado de cabotaje.
Mata negó que la empresa que preside sea monopolista porque "hay cuatro compañías más que están ofertando en el mercado de cabotaje".
"No hemos hecho nada para que los usuarios hayan decidido volar con Aerolíneas Argentinas y Austral en vez de con otras compañías", aseguró, tras lo cual señaló que las seis empresas del sector comercial aéreo "pueden absorber paulatinamente" a los trabajadores de Lapa.
"Pero si el Estado opta por invertir en una compañía aérea, bienvenido al juego", sostuvo el ejecutivo.
La creación de la nueva aerolínea ya fue aprobada por los ministros de Defensa, José Jaunarena, y de Producción, Aníbal Fernández, y el decreto respectivo está a la firma del ministro de Economía, Roberto Lavagna, y del presidente Duhalde.
Según el plan gubernamental, una vez que la empresa logre un punto de equilibrio, la idea es venderla a inversores privados nacionales.
Hasta entonces, el único accionista será la estatal Intercargo, que brinda servicios a las aerolíneas en 14 aeropuertos del país.
Mientras tanto en la Justicia argentina continúa el proceso de concurso de acreedores iniciado en 2001 contra Lapa, que arrastra una deuda de 50 millones de pesos (17,2 millones de dólares) que se suma a los 70 millones de pesos (24,1 millones de dólares) incluidos en la convocatoria de acreedores.
Desde agosto de 2002, Lapa está en manos del consorcio Aeroandina, en el que son accionistas los argentinos Mario Folchi, Ricardo Arena y Amadeo Riva y el boliviano Humberto Rocca, presidente de la aerolínea boliviana Aerosur.
El pasado 9 de mayo, el Estado argentino denunció a los directivos por el supuesto "delito de acción pública" contra los usuarios perjudicados por el intempestivo cese hace un mes de las operaciones de la compañía. EFE
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