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El Gobierno costarricense gasta cerca de un 5% más de lo que recauda en impuestos, situación que representa un problema fiscal que ha estado latente desde hace décadas.
Para solucionarlo, a lo largo de 23 años a la Asamblea Legislativa han llegado un total de 20 iniciativas de reformas tributarias.
Así lo revela un estudio de la firma Deloitte, que pone en perspectiva el total de las reformas fiscales presentadas entre 1987 y el 2010.
Casi la totalidad de ellas fueron reformas pequeñas, parches; que solucionaron necesidades puntuales de recursos. Muchas anecdóticas, “como la que intentó gravar las llamadas telefónicas”, opinó Alan Saborío, socio director de la firma Deloitte y parte responsable de la elaboración del estudio.
Este tipo de proyectos de ley, sin embargo, son los que mejor suerte han corrido a la hora de su discusión en el Congreso.
El primero y el único que logró su aprobación fue la Ley reguladora de todas las exoneraciones vigentes, su derogatoria y sus excepciones (#7293), que discutió la Asamblea Legislativa en 1992.
Esta ley derogó todas las exenciones tributarias y mantuvo sólo algunas excepciones.
En el gobierno de Abel Pacheco (2002-2006), otra iniciativa oficial intentó infructuosamente reformas integrales al fisco: la Ley de pacto fiscal y reforma fiscal estructural.
Pese a que se debatió por dos años en la Asamblea Legislativa, no se logró aprobar y fue archivada, tras cuestionamientos de la Sala Constitucional.
Entre sus objetivos buscaba cambiar el impuesto de renta territorial actual por uno de renta mundial, que obligaría al pago del tributo de la renta a empresas o individuos por todas la rentas que generen dentro o fuera del país.
Las últimas dos iniciativas de este tipo se presentaron durante la pasada administración Arias, que en el 2006 llevó al Congreso el proyecto de ley para crear el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el del Impuesto sobre la Renta, que intentaba cambiar el actual sistema cedular por uno de renta global, que ampliaría la base recaudatoria.
Ninguna logró llegar al plenario legislativo para ser discutida.
El listado de las 20 iniciativas tributarias demuestra, según el estudio de Deloitte, que no ha habido una política fiscal coherente.
Para este año se prevé que el déficit fiscal del Gobierno Central sea cercano al 5%, lo cual representaría unos ¢922.000 millones.
En el 2009 ese dato fue del 3,3% para sumar un faltante de ¢554.000 millones, ese año el 15% del gasto se financió con deuda. “El problema está desbocado”, dijo el responsable del estudio, Alan Saborío.
Durante el año de la crisis y hasta no comprobarse signos claros de recuperación económica, se consideró inviable por parte de las autoridades proponer reformas fiscales. Ahora, el panorama cambió.
