Mercedes Agüero. 3 febrero, 2016
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Año y medio de cárcel y una prohibición para ocupar cargos públicos durante ocho años no fueron suficientes para alejar a Luis Fernando Villalobos de la política.

Hoy aspira a convertirse, de nuevo, en alcalde de la Municipalidad de Garabito, Puntarenas, por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

En el 2008, Villalobos fue condenado a cuatro años de prisión por dos delitos de prevaricato en concurso material en perjuicio de los deberes de la función pública. El exalcalde (2003-2007) reconoce que cometió un error al autorizar irregularmente el visado de unos planos, según dice, inducido por un incorrecto asesoramiento de tres abogados.

De acuerdo con el expediente en poder de la Contraloría, en el 2003, Villalobos dio visado a 19 planos, sin cumplir con el debido proceso, a fin de segregar parte de un proyecto urbanístico para que la Municipalidad de Garabito lo destinara a áreas comunes, parques y juegos infantiles.

Candidato a alcalde de Garabito
Candidato a alcalde de Garabito
“No salí robándole un cinco a nadie o porque hice algo malo, excepto el error de que firmé esos planos”, asegura Villalobos, un viejo salonero y recientemente transportista dispuesto a reescribir su historia política.

El informe contralor señala que, antes de que él asumiera, la Alcaldía había denegado los visados porque no cumplían con los requisitos legales.

Además, para ese momento, el Ayuntamiento carecía del criterio técnico del Ministerio de Ambiente y Energía para determinar si los terrenos eran parte del área silvestre protegida y si se afectaban o no los humedales.

El asunto terminó en los tribunales de justicia y Villalobos fue condenado a cuatro años de cárcel. De ellos, dijo, solo descontó año y medio porque no tenía antecedentes penales y por su buen comportamiento.

Asimismo, los tribunales lo inhabilitaron por cuatro años para ejercer cargos públicos.

No obstante, la Contraloría fue más allá y amplió esa sanción a ocho años, un mes y 18 días.

El plazo del castigo venció en febrero del año anterior y, de inmediato, el socialcristiano activó su campaña para las elecciones de este 7 de febrero.

El aspirante manifestó que la Contraloría se excedió en el castigo, pues nunca un órgano administrativo podría imponer una sanción mayor a la de un juez. Empero, nada de eso lo desalienta en su lucha por volver a ocupar la silla de la Alcaldía.