Édgar E. Gutiérrez-Espeleta. 12 marzo

Hemos sido testigos en estos días de reclamos airados y legítimos por parte de comunidades, coma la de Hatillo, por falta de acceso al agua potable.

Digo que su reclamo es legítimo porque es un derecho de los costarricenses tener acceso a ese recurso, tal y como lo está discutiendo la Asamblea Legislativa en este momento, para dejarlo establecido en el artículo 50 de la Constitución Política.

Sin embargo, hay aspectos que se nos olvidan en el camino. Uno de ellos, tal y como lo ha dicho el actual ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, es que Costa Rica dejó de invertir por décadas en infraestructura pública, incluyendo aquellos sistemas necesarios para que los hogares, sobre todo en la Gran Área Metropolitana, tengan agua potable 24/7.

Pero no solo hace falta inversión para garantizar la distribución del recurso hídrico, sino que también hace falta inversión para el tratamiento de las aguas servidas, las cuales podrían convertirse en una fuente importante para el reuso de ese recurso.

No fue sino hasta el año 2015 cuando se logra tener una estrategia de largo plazo para resolver el problema del saneamiento en nuestro país. En la anterior administración y en esta se ha trabajado con paso firme en el cumplimiento de esta estrategia y, poco a poco, el país hace su tarea.

Lamentablemente, no podemos decir lo mismo con respecto a la infraestructura para la distribución del recurso hídrico ya que las inversiones planificadas por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) no se han podido ejecutar, según el cronograma, debido al problema fiscal del país y a restricciones derivadas de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) con respecto a rubros presupuestarios del AyA.

Para resolver los problemas de acceso al agua potable, se debe avanzar en un esfuerzo nacional para actualizar la normativa que la regula y, precisamente, está en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley sobre el recurso hídrico que urge de aprobación.

Pero, al mismo tiempo, se requiere de un consenso y el conocimiento en los señores diputados, y sobre todo del Poder Ejecutivo, de que Costa Rica debe, imperativamente, invertir en la ampliación de la infraestructura hídrica para que en el futuro cercano, cuando vamos a experimentar mayores periodos de sequía, nuestra gente no sufra.

En el 2015, siendo ministro, firmé un convenio con el Servicio Geológico de los Estados Unidos para que, con la participación de los técnicos del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), de las universidades públicas y de otras entidades públicas, se establecieran las bases para el mapeo de los acuíferos en Costa Rica, información que no se tenía y que resulta ser de importancia estratégica para el desarrollo de nuestro país.

Hoy contamos con esa herramienta; sabemos dónde están los acuíferos, su calidad y dónde están sus zonas de recarga. Ahora, es imperativo que los planes de ordenamiento territorial se logren elaborar a la mayor brevedad, de tal forma que no cometamos los errores del pasado de poner cemento en esas zonas y, así, poner en riesgo este recurso para las futuras generaciones.

Tenemos que entender que el agua superficial es, como decirlo así, la cuenta corriente y que los acuíferos son como la cuenta de ahorros. Por lo tanto, tenemos que administrar de una forma muy inteligente ambos recursos, o ambas cuentas, de modo que no tengamos problemas en el futuro.

Lo experimentado en Guanacaste durante la sequía 2013-2016 debe enseñarnos algo. Para la época seca del 2015, las playas Panamá y el Coco no tenían posibilidades de tener agua potable de forma permanente, como así muchas otras comunidades de la región Chorotega, el sector turístico y los productores agrícolas y ganaderos.

Se trabajó en un plan de contingencia interinstitucional, gracias a un decreto de emergencia sobre la sequía, en el cual se establecieron las acciones necesarias y urgentes a realizar para resolver o mitigar estos problemas.

Hoy por hoy, la región tiene agua, pero se tiene que garantizar que los problemas del pasado no se repitan y eso se puede lograr si el proyecto de ley de infraestructura hídrica se aprueba cuanto antes. Así la región Chorotega podría garantizarse la disponibilidad de agua para las próximas décadas.

La falta del recurso hídrico que vemos hoy podrían acentuarse si no actuamos ya.