Una consulta de constitucionalidad provocó que este martes el Congreso pospusiera la discusión en segundo debate de una iniciativa que propone reducir en un 5% los fondos que la ley antitabaco destina a la lucha contra el cáncer y otras enfermedades relacionadas con el consumo de cigarros.
Así lo anunció el presidente de la Asamblea Legislativa, Carlos Ricardo Benavides, justo cuando el proyecto de ley 20.923 debía iniciar su trámite en el plenario, según la agenda que fue acordado previamente por los legisladores.
La propuesta pretende reformar el artículo 29 de la Ley General de Control del Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud (número 9028), con el fin de variar la forma en que se distribuyen los fondos generados por esa ley, vía impuestos a los cigarrillos y brindar más recursos al Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder).
“Estaríamos iniciando la discusión por el fondo del trámite de segundo debate, sin embargo, se ha presentado una consulta del constitucionalidad a la Sala IV, de conformidad con la documentación que ha sido presentada ante este directorio, por lo tanto debemos suspender el conocimiento del proyecto de ley”, anunció el diputado del Partido Liberación Nacional (PLN).
Los magistrados tienen un plazo de un mes para resolver las consultas facultativas, como esta que se presentó respecto al proyecto 20.923.
Actualmente, la CCSS recibe un 60% de los dineros, el Ministerio de Salud un 20%, el IAFA un 10% y el Instituto Costarricense del Deporte (Icoder) otro 10%.
Sin embargo, el proyecto promovido por el médico oftalmólogo y legislador del PLN, Luis Antonio Aiza Campos, varía algunos de los rubros para darlos al Icoder.
Así se pretende que la CCSS reciba un 55% y el IAFA un 5%, mientras los ingresos del Icoder por este concepto subirían a un 20%. El Ministerio de Salud mantendría su 20%.
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La consulta presentada ante la Sala Constitucional, por parte del diputado José María Villalta del Frente Amplio (FA), busca justamente que los magistrados se refieran a estas modificaciones y si las mismas supondrían una “violación del derecho constitucional a la seguridad social y de la prohibición constitucional de desviar los fondos de los seguros sociales”.
“En criterio de las y los diputados consultantes esta medida implicaría una violación de la garantía constitucional que establece que los fondos de los seguros sociales no pueden desviarse a fines distintos”, señala el documento presentado ante la Sala.
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Tanto la Defensoría de los Habitantes como la CCSS se oponen al proyecto y advierten que pondría en riesgo proyectos que ya están en marcha.
“Sería un acto irreflexivo de los diputados no prestar atención a este tema tan complejo, que efectivamente nos va a pasar la factura en el futuro”, expresó Juan Manuel Cordero, director del Área de Calidad de Vida de la Defensoría, un día antes del trámite en segundo debate.
Por su parte, el gerente general de la CCSS, Roberto Cervantes, estimó que el 5% de los recursos provenientes de la ley antitabaco puede variar entre los ¢800 millones y los ¢1.000 millones anuales.
“Es inclusive algo extraño, siendo el cáncer la segunda causa de muerte en Costa Rica, teniendo nosotros 30 casos diarios nuevos de cáncer, que se le vengan a disminuir los recursos de la lucha contra esta enfermedad y la prevención del fumado”, indicó el funcionario.
