Yenory Ovares Alfaro no lo pensó dos veces antes de salir este viernes de su casa, en Santo Domingo de Heredia, para manifestarse frente al predio de la empresa Grupo Trigal, que se ubica contiguo a la ruta 32, que conecta San José con Limón.

Ella, así como otros vecinos de la localidad, se hizo presente minutos antes de las 8:30 a. m. para observar cómo al sitio ingresaban representantes de las municipalidades de Moravia y Santo Domingo de Heredia, del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena).

Los funcionarios fueron convocados por el Tribunal Ambiental Administrativo, para realizar una inspección de las instalaciones de la compañía, tras las denuncias que desde hace 12 años vienen presentando vecinos de la zona, como Yenory Ovares, por una supuesta “apropiación” del cauce del río Virilla.

“Una apropiación que ha sido paulatina, pero que ya se ha adueñado del cauce del río, desviándolo. Ya el asunto está prácticamente para ir a juicio, pero pedimos que se hiciera una nueva valoración de los daños, porque desde la primera denuncia y hasta hoy, se han venido haciendo cosas”, indicó Edgardo Araya, exdiputado del Frente Amplio y abogado de la Asociación El Guayabal.

Los vecinos dicen que la empresa ha estado modificando el terreno de manera ilegal, para poder usarlo como un parqueo para contenedores y vehículos.

La inspección, según el representante de los vecinos, se realizó para determinar qué es lo que hay en el sitio, cuáles son las construcciones y los posibles daños ambientales que habría ocasionado la empresa, “para darle una valoración económica al proceso”.

El abogado espera que en unos dos o tres meses, el Tribunal convoque la audiencia respectiva y dicte sentencia.

Se trató de obtener una reacción de la empresa pero indicaron que no darían declaraciones y que cualquier información al respecto se tramitara hasta la próxima semana con el representante legal José Pablo Badilla.

Señalamiento contra municipalidades

Los vecinos acusan de inacción a los gobiernos locales de Moravia y Santo Domingo de Heredia, ya que, según Esteban Ventura, uno de los denunciantes, la empresa realiza su actividad comercial de “manera ilegal”, debido a que “no posee las patentes comerciales de ninguna de las dos municipalidades”.

Estos señalamientos fueron rechazados por el alcalde de Moravia, Roberto Zoch, quien participó de la inspección.

“Hasta esta administración fue que nos metimos en el proceso, porque anteriormente era únicamente con la municipalidad de Santo Domingo, de hecho, todas las denuncias, todos los juicios y todo, son siempre con la Municipalidad de Santo Domingo”, indicó a La Nación.

Según el funcionario, hasta hace dos años el Instituto Geográfico Nacional (IGN) les habría dicho que dentro de los límites de la propiedad en disputa, hay una parte que está en Moravia.

“A nivel de patente o comercial, que es lo que algunos vecinos andan queriendo decir que no hemos sido eficientes, pues decir que ya se han hecho dos inspecciones. No existe una actividad lucrativa dentro del área que está en el terreno de Moravia”, dijo Zoch.

“Hoy se volvió a comprobar que toda la actividad lucrativa está dentro del área de Santo Domingo de Heredia al 100%. Con respecto a construcciones, no existen en el área de Moravia, hoy se volvió a determinar, por lo que tampoco ha habido inacción por el área de construcción”, añadió.

El alcalde asegura en el territorio que corresponde a Moravia, únicamente se encuentran alrededor de 15 contenedores, parqueados, en la cima de un montículo de piedras.

En cuanto al posible impacto ambiental, Zoch dijo que procederán a realizar algunos estudios ambientales para “brindar apoyo al tribunal ambiental, y que esto les sirva a ellos para poder determinar su sentencia”.

Regidora busca sentar responsabilidades

No se logró obtener una declaración del alcalde de Santo Domingo de Heredia, Randall Madrigal, pese a constantes llamadas a su número celular y mensajes por medio del servicio de WhatsApp.

Sin embargo, Marta María Elizondo, regidora propietaria y vicepresidenta del Concejo Municipal del cantón herediano, afirmó que no descansarán “hasta ver que efectivamente se hagan las investigaciones del caso y que haya que acusar a los que haya que acusar”.

Para ello, la regidora propietaria habría propuesto el nombramiento de un abogado ambientalista para determinar posibles anomalías en el expediente correspondiente al caso y posteriormente nombrar un órgano director que investigue “a los supuestos funcionarios municipales involucrados en este proceso”.

“Nosotros nos vamos en abril del 2020 y yo creo que eso tenemos que dejarlo listo, porque esto ha llevado demasiado tiempo, han venido concejos y concejos, se le ha dado largas al asunto, pero es porque ahí adentro suceden cosas extrañas”, manifestó.

Proceso se extendería por más años

Araya, a quien no se le permitió ingresar a la inspección, advirtió que el proceso podría prolongarse por mucho más tiempo, ya que la sentencia que eventualmente emita el Tribunal Ambiental Administrativo, no sería definitiva.

“Todo eso que se discuta en el Tribunal Ambiental puede terminar otra vez en el Tribunal Contencioso, entonces pueden pasar otros cuatro años dependiendo de cómo se resuelva”, afirmó.

Posteriormente el caso también podría ser llevado ante las autoridades de Casación, lo que extendería el caso. Por ello es que exigen una orden para que no siga modificando la zona, hasta que no se tenga una respuesta definitiva de las instancias legales correspondientes.