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Una empresa costarricense dedicada a la producción y exportación de piña y banano, se propuso alcanzar la carbono neutralidad para el 2021, un objetivo que contrasta con las denuncias ambientales y sociales que por muchos años han acompañado a estos cultivos en el país.
En noviembre de 2018, Grupo Acón puso en marcha un proyecto para la generación de energía solar, por medio de la instalación de 9.707 paneles fotovoltaicos, colocados alrededor de sus 39 fincas productivas ubicadas en Limón y Heredia; 35 de ellas de banano y cuatro de piña.
El proyecto incluye un sistema de monitoreo inteligente, que permite a cada gerente de finca, observar el comportamiento de sus respectivas instalaciones fotovoltaicas, así como recibir alertas e información sobre la generación y demanda del servicio. Los datos se actualizan de forma automática cada cinco minutos.
Grupo Acón estima que el proyecto le permitirá, cada año, producir 3.325.279 kWh (kilovatios hora), así como disminuir la generación de 185 toneladas de dióxido de carbono. La inversión total fue de $4.000.000 (cerca de ¢2.445.560.000).
Sector cuestionado
¿Pero es suficiente un proyecto de energía solar para alcanzar la carbono neutralidad? A criterio del geólogo y consultor ambiental, Allan Astorga, “cosa es ser energía neutral, es decir, que equilibra la energía que consume, con producción de energía sostenible y, otra cosa, muy diferente, es si la condición de producción es ambiental y socialmente sustentable".
En este sentido, la empresa asegura que la meta de alcanzar la carbono neutralidad, se reflejaría también en otras medidas implementadas en sus fincas, para mitigar y prevenir daños ecológicos, acciones que aseguran los diferencia del resto de productores en el país.
“La crítica ha sido ácida contra la piña en los últimos años, el problema es que nosotros somos un grupo de alumnos donde nunca entregan notas, no hay diferencias, entonces generalizan”, expresó Pedro Mora Vega, gerente de Producción.
“El asunto es si usted se sienta nada más a ver las críticas o se esconde porque no puede hacer nada, o trata de mejorar. Este es un proyecto muy interesante, donde estamos yendo más allá”, añadió
Según los representantes de la productora, desde hace 10 años dejaron de utilizar el herbicida bromacil, cuyo uso quedó prohibido en el país en 2017, mediante Decreto Ejecutivo 40423-MAG-MINAE-S.
“Nosotros somos una empresa que usamos únicamente el 30% de herbicidas de una piñera convencional, pero estamos igual que cualquiera que usara bromacil hasta el año pasado”, indicó Vega.
El funcionario también se mostró confiado de que la empresa está “fuera del tema de contaminación de agua”.
“Estamos aplicando métodos que no llevan agua (...) porque el problema con los agroquímicos es cuando usted los disuelve, si se dispersa al agua genera una gran contaminación, si usted lo tiene concentrado, va a ser menos”, manifestó.
Aseguró que tampoco emplean agroquímicos de etiqueta roja y que si bien pueden existir sustancias autorizadas en suelo tico, no las pueden usar por las restricciones que imponen los mercados internacionales a los que exportan.
“Si nos agarran un contenedor con agroquímicos no los devuelven, y nos pueden cerrar mercados”, advirtió.
En contrate, Allan Astorga, califica al país de “permisivo”, en cuanto al uso de agroquímicos, al dejar que se usen productos que en algunos países, particularmente en Europa, están prohibidos.
“Es claro que no podemos hacer un cambio de la ‘noche a la mañana’, pero si podemos hacer un cambio gradual y paulatino que no afecte a las empresas. Las de primera prioridad, son las que se ubican sobre zonas acuíferas más frágiles y así gradualmente. Se trata de dialogar con la Cámara de Agricultura y establecer acuerdos. Hay que buscar equilibrios que nos favorezcan a todos”, señaló.
¿Esfuerzos sostenibles?
La certificación de carbono neutralidad no sería la primera que obtiene la compañía. “El proyecto se inserta en una visión más amplia de empresa, no solo es el tema de la carbono neutralidad sino también el mantenimiento de nuestra productividad siendo sostenible y amigable con el medio ambiente”, aseguró Manuel Arnoldo Batres, director de operaciones.
La “certificación estrella” de Grupo Acón, es la que emite la organización no gubernamental Rain Forest Alliance, la cual “indica que una empresa agrícola, forestal o turística ha sido auditada para cumplir con los estándares que requieren sostenibilidad ambiental, social y económica”.
Además, la compañía está registrada ante la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), luego de superar una de las inspecciones que realiza la agencia norteamericana, a operaciones afuera de su país, para ver si cumplen con sus estándares higiénicos.
“Cuando llegó FDA acá y nos vino a inspeccionar, es porque si usted va a una finca de Grupo Acón y a una de otro productor en Costa Rica, va a notar la diferencia: la sostenibilidad”, expresó Marilú Fernández Delgado, coordinadora de Responsabilidad Social.
Grupo Acón exporta a más de 25 países, ubicados en Asia, América y Europa, lo que aseguran, los motiva a siempre estar en “la vanguardia” y a ser “creativos” para superar los altos costos operativos que enfrentan en Costa Rica, en comparación con otras naciones latinoamericanas.
La empresa vio en los paneles solares una alternativa para reducir uno de sus costos de operación, como es el consumo eléctrico, especialmente porque las prácticas agrícolas inician a las 5:00 a. m. y típicamente las operaciones finalizan entre las 4:00 p. m. y 5:00 p. m.
"Ganamos por el lado de ser sostenibles, en un gran crecimiento en productividad, amigables con el medio ambiente, pero también nos estamos ganando un tema de competitividad en precio”, dijo Batres.
Otras iniciativas empresariales
Pero esta no es la primera, ni la única empresa del país dedicada al cultivo de estos productos que se ha embarcado en la ruta de la descarbonización, según información suministrada por la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (Canapep).
La organización empresarial cuenta entre sus miembros a la Frutera La Paz, la que aseguran fue la primera compañía “del mundo de frutas congeladas en obtener el certificado de carbono neutro”.
Canapep también destacó la labor que realiza otro de sus agremiados, Finca Once S. A., que tiene más del 30% de su finca sometida “al sistema de áreas de protección y dedica más de mil hectáreas a proyectos forestales y de reforestación”.
Se consultó de experiencias similares a la Corporación Bananera Nacional (Corbana), sin embargo, esta respondió que “no puede proporcionar datos de los productores de banano”.
El Gobierno espera que este tipo de iniciativas dejen de ser casos aislados y se conviertan en la norma en el sector agrícola del país, para que Costa Rica logre descarbonizar su economía para el año 2050, como lo establece en su Plan Nacional de Descarbonización, y así cumplir con los compromisos suscritos en el Acuerdo de París.
“En el sector agrícola las emisiones de gases de efecto invernadero se centran en cuatro actividades productivas: el café, la caña de azúcar, las musáceas (con predominancia de banano) con relación a las emisiones de óxido nitroso y el cultivo de arroz, por sus emisiones de metano”, destaca el documento.
“Es un sector, bajo la óptica de los paisajes productivos, que tiene la capacidad de absorber capturar y conservar carbono en su actividad principal, a través de sistemas agroforestales, agricultura de precisión y en la conservación de bosques”, agrega.
¿Qué tan confiables son las certificaciones?
Astorga considera que tanto la producción de piña como de banano en cultivos extensivos e intensivos, debería estar sujeto a lo que llama el Principio de Sustentabilidad Ambiental.
Este señala que "las actividades humanas, de cualquier tipo, deben ser ambientalmente sustentables en el tiempo, de una forma efectiva, de manera que se garantice el equilibrio ecológico sin efecto ambiental significativo, es decir, sin que el equilibrio natural sea alterado por encima de su capacidad de asimilación de carga ambiental adicional”.
Sin embargo, el geólogo asegura que desde un inicio, muchos de estos proyectos, no realizaron evaluaciones de impacto ambiental para poder desarrollarse.
“El mayor problema que tienen es el impacto ambiental negativo que generaron al desarrollarse, a veces en sitios ecológicamente muy importantes (como humedales) y que, usan paquetes tecnológicos de agroquímicos que pueden resultar en daños ambientales a los acuíferos, si no se aplican las medidas efectivas de control ambiental”, indicó.
También cuestionó los sistemas de certificación, los cuales, en su opinión, no son lo suficientemente amplios e integrales para ver si la piña y banano que compran en Europa, o Chile, tiene una huella ambiental y social, negativa.
“Sería muy importantes que ellos tomaran en cuenta una visión ambiental más integral, como la que establece el Principio de Sustentabilidad Ambiental”, expresó.
A modo de ejemplo, señaló el caso del dique minero de la compañía Vale, que se rompió en el estado de Minas Gerais, en el sureste de Brasil, el 25 de enero del presente año y cuya estabilidad había sido certificada en setiembre de 2018, por la empresa evaluadora de origen alemán TÜV Süd.
Hasta el 2 febrero se contabilizaban 121 fallecidos y 226 desaparecidos.
“La ruptura del dique provocó una avalancha de lodo y residuos mineros que en segundos tapó instalaciones del propio complejo de Vale, parte de la localidad de Brumadinho en donde operaba y llegó al río Paraopeba, afectando a comunidades aledañas y amenazando en convertirse en una tragedia ambiental”, informaba en enero la agencia de noticias AFP.
