Las políticas públicas y la legislación en materia ambiental en Costa Rica están bien diseñadas, son robustas y cubren todo lo necesario para que un país pueda mitigar el impacto del cambio climático, adaptarse a este y buscar una armonía con el medio ambiente.
Sin embargo, la falta de capacidad para ponerlas en práctica lleva a fallas en su ejecución, a no cumplir lo que está en el papel y a que se incurra en una serie de contradicciones.
Estas son algunas de las conclusiones del capítulo IV del Informe Estado de la Nación 2023, llamado “Armonía con la Naturaleza”. Según el documento, este 2022 Costa Rica cerró con la siguiente situación:
* Tiene más área protegida, pero menos recursos para atenderla.
* Tiene más políticas públicas en materia ambiental, pero menor capacidad institucional para cumplirlas.
* Asumió compromisos internacionales para la descarbonización de la economía, pero no hay cambios de fondo en la matriz energética, dominada por los combustibles fósiles.
* Estancamiento en gestión ambiental, lo cual genera retroceso en calidad ambiental y sostenibilidad.
* Mayor conocimiento sobre riesgo de desastres, pero persiste falta de ordenamiento territorial.
“La política ambiental acumula ambigüedades, en un contexto de escenarios complejos: una institucionalidad pública débil con metas ambiciosas y capacidades disminuidas”, señala el documento.
Karen Chacón Araya, investigadora que lideró el capítulo ambiental, definió a Costa Rica como un país “muy activo”, pues en promedio ha venido adoptando por año cerca de 106 nuevas disposiciones en materia ambiental; entre resoluciones, decretos, leyes, directrices y otras.
“Hay un activismo importante. Tenemos un marco normativo amplio y una institucionalidad robusta, pero hay una brecha muy amplia entre lo que establece la normativa y las capacidades reales que tiene para ejecutar lo que está ahí planteado”, aseveró.
El Estado de la Nación le ha dado seguimiento a legislación que se aprueba, pero que no se acompaña de los recursos económicos necesarios para su implementación. Esto lo denominaron como la promesa democrática sin sustento económico.
Chacón añadió que esta normativa dio frutos muy ricos durante muchos años en cuanto a cobertura forestal y prácticas amigables con la sostenibilidad, pero sostuvo que no se mantiene así.
“En la actualidad, esa normativa no mueve el timón, no está generando resultados”, destacó.
El informe pone como ejemplo el año 2022, en el que se adoptaron 144 nuevas disposiciones en materia ambiental. Empero, se incrementó el número de denuncias y se redujeron los recursos orientados a tareas de control y fiscalización ante conflictos en esta materia.
Investigación exploratoria
El reporte señala los resultados de una investigación exploratoria que se hizo para ver cómo se moviliza Costa Rica con esas políticas públicas según las metas ambientales que se han establecido.
Como parte del ejercicio, se analizaron todas las políticas públicas aprobadas en la última década, se identificaron un conjunto de metas y aspiraciones que podían medirse y tomaron 10 de ellas para evaluarlas.
Entre ellas figuran la carbono neutralidad y descarbonización, la agricultura sostenible, la adecuada gestión de los residuos, la gestión integral del agua, la pesca responsable, las áreas marinas protegidas.
En cuanto a la carbono neutralidad y descarbonización encontraron que el país hace avances formales con estrategias, planes y políticas públicas. No obstante, esta situación coexiste con el hecho de que no hay cambios.
Chacón mencionó que se tienen normativas como el Plan Nacional de Energía y el Plan Nacional de Transporte, pero no hay cambios en la composición de la matriz energética ni en el parque automotor, donde se sigue dependiendo de combustibles fósiles.
El sector transportes es el que genera la mayor cantidad de emisiones contaminantes en el país y, según el estudio, no hay suficientes esfuerzos ejecutándose para modificar esa situación.
Un ejemplo de eso, descrito por el informe, es que el país sigue presentando un alto consumo de combustibles fósiles, principalmente para el transporte, lo cual ha llevado a un aumento constante en las emisiones de gases de efecto invernadero.
Costa Rica continúa importando grandes cantidades de derivados del petróleo, con un crecimiento del 41% en las importaciones en los últimos once años. En 2022, el país compró 21,7 millones de barriles de petróleo; es decir, 1,2 millones de barriles más que en 2021.
Otro ejemplo de la no puesta en práctica es que de los 27.992 vehículos con tecnologías distintas a la combustión que se reportaron entre 2011 y 2021, menos de 120 corresponden a autobuses eléctricos y solo 100 a autobuses híbridos conectables de diésel.
El informe señala también la falta de información disponible sobre la matriz energética para la generación eléctrica y que, por primera vez en 15 años, no lograron encontrar información disponible para el análisis.
Ejecutar políticas con fondos escasos
Para el ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach Capra, el presupuesto es uno de los obstáculos mayores para aplicar la política ambiental. La realidad fiscal del país, según indicó, hace que sea más difícil ejecutar el presupuesto para cumplir con las metas.
“El presupuesto está para ejecutar lo que se tiene, no para quejarse”, manifestó el jerarca.
Tattenbach manifestó que el plan de gastos del 2023 ha sido “apretadísimo” para todos los ministerios y que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) fue de los que más sufrió. Pero sostuvo que el 2024 será un mejor año en términos presupuestarios.
Por otra parte, se aprobó el empréstito Climate Investment Fund (Fondo de Inversión Climática) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial.
Se trata de fondos concesionales orientados a la descarbonización de la industria que todavía tiene calderas y hornos, en medidores inteligentes y en otros implementos que también permitan más electrificación del transporte público.
Sin embargo, Chacón consideró que hacen falta voluntades de otras instituciones relacionadas con el ambiente, de empresas privadas, de la sociedad civil y de las comunidades para ir más allá del papel y generar ejecuciones en los diferentes niveles.