Tres guardaparques de la isla del Coco observan un punto en la línea del horizonte: el radar de la Cocos Patrol identifica a un buque pesquero dentro las 12 millas náuticas en las que está prohibido el ingreso.
Comienza la persecución. Son las 9 a. m. y el viento sopla con fuerza. Los binoculares divisan a la embarcación Coopepes XX junto a una gran mancha de humo, señal de que está huyendo.
A las 11,96 millas, el barco se detiene. Su capitán, Juan Carlos Pérez, dice que llevan un mes pescando, pero que al quedarse sin diésel, la corriente los arrastró hacia la isla.
Pese a que el zarpe y la licencia de pesca estaban en regla, habían traspasado los límites. La advertencia fue clara: si volvían a entrar sin permiso, serían denunciados por desobediencia a la autoridad.
Si bien el barco llevaba todo el equipo, no se le pudo procesar por pesca ilegal, pues, para acreditar la comisión del delito, se exige como prueba que las líneas y los anzuelos estén en el agua y la ley no castiga el ingreso de artes de pesca a las áreas protegidas.
Es una escena que se repite continuamente porque la ineficacia de la legislación ha hecho que los piratas tengan vía libre para irrumpir en las aguas de esta isla.
Prevención. Desde el 2009, los vigilantes de la isla del Coco han advertido a unos 40 capitanes de 30 barcos pesqueros de que, si regresaban, los acusarían por desobediencia. La pena máxima por esta falta es de tres años de prisión.
“Las embarcaciones pesqueras ingresan a la isla a dejar sus redes en espera de que descuidemos un sector porque son hasta 30 contra una sola patrullera que tenemos operando. Estamos en desventaja; hacemos esfuerzos, pero hay poco personal (20 guardaparques)”, dijo Geiner Golfín, administrador de Isla del Coco.
El delito de desobediencia se convirtió en el principal instrumento para combatir los ingresos no autorizados. En tres años, la Fiscalía de Puntarenas ha tramitado 14 causas contra capitanes sorprendidos en más de una ocasión.
Tatiana Chaves, fiscal adjunta, precisó que han logrado que se dicten tres condenas, pero nadie fue a prisión porque las penas son muy bajas.
En un caso, un capitán de nombre José Aurelio Arce cometió 12 desobediencias con el barco Chaday I . Por otra parte, tres capitanes fueron acusados por posesión, transporte y almacenamiento de producto marino de la isla.
El artículo 258 del Código Penal castiga con hasta 15 años de cárcel la explotación no autorizada de riqueza ictiológica (la parte de la zoología que trata de los peces) cuando no se cuente con licencia de pesca.
Precisamente, en febrero pasado se condenó por piratería, pero sin enviarlo a prisión, al capitán de la Coopepes XIII , Rafael Acuña Cortés, por pescar dos atunes aleta amarilla. Él debe pagar $10.226 (más de ¢5,7 millones) por daño ambiental. Ese mismo mes, también se condenó a Leivin González Fernández por pescar dos atunes en el 2002 desde la embarcación Miss Stacy .
Los guardaparques Isaac Chinchilla y Géiner Golfín aseguran que, desde que entró a regir la Ley de Pesca en el 2005, ninguna persona ha sido condenada.
Decomisos. En los patrullajes que realizan los guarparques se encuentran líneas con anzuelos, atadas a boyas que flotan en la isla.
Esos equipos atrapan tiburones, tortugas y, mayoritariamente, atunes (el 75% de lo que se pesca), pero no es posible relacionar tales instrumentos con un barco determinado, pues los pescadores esperan por fuera de las 12 millas náuticas de prohibición, a que la corriente arrastre los equipos.
De acuerdo con datos de Golfín, durante los 132 patrullajes hechos en el 2013, se levantaron 157,8 kilómetros de línea, 3.535 anzuelos, 663 galones y 297 boyas. Todo esto con 50 atunes aleta amarilla, siete peces, cinco tiburones y un delfín nariz de botella.