Una acción de inconstitucionalidad frenó el avance del plan para crear un embalse en el río Piedras, en Guanacaste, el cual llevará agua a comunidades y zonas turísticas de esta provincia.

Mientras la Sala IV resuelve el reclamo, que ya fue acogido para estudio, el proyecto se quedará trabado en la etapa de evaluación de impacto ambiental.

La medida cautelar ordenada por el tribunal atrasará la entrada en operaciones del embalse, programada para finales del 2022, según el ministro de Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez.

La acción de inconstitucionalidad fue elaborada por el abogado y exdiputado, Otto Guevara, en representación de propietarios de dos fincas que deben ser expropiadas para el proyecto según la ley 9.610, firmada el 17 de octubre por el presidente Carlos Alvarado.

Esta legislación amplía los límites de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal, en Bagaces, en compensación por las 113 hectáreas de área protegida que se usarán para el embalse.

Este reservorio, de 900 hectáreas, podría almacenar agua para abastecer a unas 500.000 personas en Sardinal, Filadelfia, Santa Cruz y Nicoya, al tiempo que permitiría el riego de 18.800 hectáreas en los cantones de Carrillo, Santa Cruz y Nicoya.

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Los representantes de las tierras privadas adversan la expropiación de parte de sus terrenos.

“Dentro de la ley está la expropiación de una parte de nuestro terreno en el cual nunca se hizo un estudio. Nunca entraron a ver la propiedad para ver cómo calificaba. Por el área que decidieron tomar causan un daño enorme en la parte de producción de la finca”, afirmó Gary Stewart, dueño de la hacienda ganadera Ciruelas.

Stewart explicó que la fuente de agua con la que abastece su finca está dentro de las 25 hectáreas que le expropiaría el Gobierno.

“Eso se le hizo ver tanto a los diputados como a la gente de Senara, pero no nos quisieron atender, ni poner atención, ni hacer nada sobre el asunto, fue un atropello total”, aseveró el recurrente.

Por su parte, María Gamboa Miranda, representante de la finca Brindis de Amor, la cual perdería 87 hectáreas, alegó que se trata de “un tema a nivel político con muchas manos sucias que lo apoyan".

"A nivel de fondos no tenemos la posibilidad como país de seguir con algo así, y de paso destruir una de las áreas protegidas más importantes”, dijo.

Según Gamboa, el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) inició el proceso sin tener fondos para las expropiaciones. Además, aseguró que la institución posee terrenos que se podrían usar para reponer lo que pierde la reserva biológica, en lugar de expropiar propiedad privada.

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El ministro del Minae, Carlos Manuel Rodríguez, negó la veracidad de ambas afirmaciones.

“Ellos no tienen que preocuparse si tenemos o no la plata (para expropiar). Nosotros tenemos que hacer un procedimiento; si ellos no están de acuerdo con el avalúo, pueden ir donde un juez a reclamar y el juez establece cuál es el precio”, declaró el jerarca, que agregó que el Minae desconoce el costo de las expropiaciones, pues el proceso aún no ha iniciado.

Sobre aprovechar las tierras en poder de Minae, Rodríguez dijo que este es un “argumento viejísimo”.

“Esas tierras ya son para los efectos área protegida. Si nosotros les sacamos hectáreas al área protegida y cogemos las que son del Estado no tendría validez. Eso no es nada nuevo, hemos estado expropiando para parques nacionales por 50 años”, indicó.

Oposición ambiental

La oposición al Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras (Paacume) también llega desde el sector ambientalista.

“Tiene que haber estudios previos que demuestren que no existe otra alternativa para el proyecto. Este sitio tiene como centro de conservación los insectos, eso no se ha evaluado. Lo otro es que no hay justificación técnica para que el proyecto tenga un embalse, porque se podrían remediar alternativas solamente con canales, que ya existen algunos”, declaró Henry Picado, presidente de la Federación Ecologista Nacional (Fecon).

Ante esto, el ministro Rodríguez aseguró que el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara) sí hizo los estudios de ingeniería y diseño de la obra que avalan la viabilidad del plan.

Picado confirmó que el abogado de Fecon prepara una acción de inconstitucionalidad por presunta falta de estudios que comprueben la necesidad del embalse en Lomas de Barbudal.

Mientras tanto, el procurador general de la República, la presidenta de la Asamblea Legislativa, el ministro del Minae y la gerente general de Senara tienen 15 días, a partir de las respectivas notificaciones, para responder a la Sala Constitucional por el recurso planteado por los finqueros.

Los magistrados le dieron curso el pasado 23 de enero a esta acción, tramitada bajo el expediente 19-000257-0007-CO.