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¿Qué tan saludables son los ecosistemas en las áreas protegidas de Costa Rica? En realidad, nadie lo sabe con certeza.
El país, desde hace muchos, años arrastra una deuda en materia de rendición de cuentas, al no contar con los indicadores adecuados que permitan determinar cuál es el estado de la biodiversidad costarricense y el avance que se ha hecho en materia de conservación.
Desde el 2011 la Contraloría General de la República (CGR) ordenó al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae); así como al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), corregir esta situación. Así consta en la “Auditoría operativa acerca de la efectividad del Gobierno para medir y reportar el estado de conservación de la biodiversidad”.
En el documento se le encargó a las instituciones: “proceder a oficializar y llevar a la práctica las regulaciones y los mecanismos para medir y reportar el estado de la biodiversidad; fortalecer el monitoreo en las Áreas Silvestres Protegidas; así como la gestión de las investigaciones y; contar con un sistema de gestión de la información que facilite la toma de decisiones y la rendición de cuentas en la materia”.
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Este vacío de información es reconocido por los jerarcas y por eso este año se comenzó a trabajar con socios del sector privado, en un proyecto que permita desarrollar a nivel institucional, los respectivos indicadores para hacer un diagnóstico efectivo del estado de salud del capital natural tico.
"Va a llenar una necesidad que nosotros tenemos por condición jurídica (nacional) e internacional; que nosotros tenemos que estar midiendo la efectividad de manejo de las áreas protegidas.
"(...) estamos hablando de todo un reto para la institucionalidad del Minae y del Sinac, hay que hacer un cambio de cultura institucional hacia la generación o la utilización de datos científicos para la toma de decisiones”, dijo Eugenia Arguedas, Coordinadora del Programa Nacional de Monitoreo Ecológico (Pronamec).
La iniciativa es desarrollada por el Minae, Sinac, la Asociación Costa Rica por Siempre y la Fundación para el Desarrollo de la Cordillera Volcánica Central (Fundecor). El tiempo estimado de ejecución es de dos años y medio, periodo durante el cual se invertirían unos $230 mil provenientes del Canje de Deuda por Naturaleza entre Costa Rica y Estados Unidos.
Viabilidad económica
El proyecto se desarrollará en 33 áreas silvestres protegidas, ubicadas dentro de las 10 área de conservación continentales con las que cuenta el país. Se enfocará en ámbitos terrestres y de aguas continentales (ríos y lagos).
Consistirá de tres etapas. En la primera se definirán qué elementos de la biodiversidad de las áreas protegidas deben ser monitoreados.
“Nos asegura que de esos elementos podamos decir algo de toda el área, que van a ser representativos”, dijo Bernal Herrera, coordinador del proyecto.
También se identificarán los indicadores a utilizar y sus respectivos protocolos, o sea, la metodología que se utilizará en el campo para levantar la información. Un cambio de metodología haría que los datos no se pueden comparar.
En cuanto a los indicadores que se vayan a generar, la viceministra de Ambiente, Pamela Castillo, aseguró que estos deben ser económicamente viables, de tal forma que la información correspondiente pueda ser recolectada por funcionarios u otros aliados por medio de convenios.
Otro elemento importante a desarrollar en la etapa inicial, son los “disparadores”, que son los umbrales mínimos que permiten definir si un cambio es importante y si se requiere una respuesta.
En la segunda etapa, se validarán los protocolos en el campo y se capacitará a funcionarios y potenciales aliados para el uso de los instrumentos.
La tercera y última etapa, es dejar lista la instrumentalización técnica en las áreas protegidas para que el proyecto siga.
Cortar la dependencia
¿Por qué estas acciones son tan importantes? Las instituciones públicas durante años han dependido de los esfuerzos de monitoreo hechos desde la academia o por organizaciones no gubernamentales, que si bien han sido de gran utilidad, han generado que las prioridades nacionales muchas veces no se vean reflejadas en la información que se produce.
“(...) queremos separarnos un poco de esa dependencia, del interés de un investigador por hacer monitoreo de x o y especie. Queremos priorizar nuestras necesidades y que ahora sí, con metodologías desarrolladas y oficializadas por el Sinac”, apuntó Arguedas.
La funcionaria cree que los instrumento a desarrollar durante el proyecto, permitirán a la administración pública sustentar mejor sus decisiones para el manejo de la biodiversidad y que en muchos casos puede afectar a terceros.
“Si tenemos datos con metodologías sistemáticas oficializadas, es muchísimo más fácil para nosotros defender nuestras decisiones en los tribunales de justicia”, manifestó.
La rendición de cuentas es otro elemento destacado por Leonardo García Molina, oficial de programa de la Asociación Costa Rica por Siempre.
“Para muchos donantes y aliados naturales del Sinac esta información es vital. ¿Por qué? Nos permite decirles que toda la colaboración que han gestionando año con año, está dando buenos resultados o malos resultados, y si tenemos que hacer ajustes”, apuntó.
