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La devastación causada por los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudieron el norte de Venezuela este miércoles, con apenas 39 segundos de diferencia, volvió a poner sobre la mesa advertencias que especialistas formularon durante años sobre la vulnerabilidad sísmica del país.
Diversas investigaciones concluyeron que Venezuela no estaba preparada para enfrentar un evento de esta magnitud. Los estudios también identificaron deficiencias en edificaciones, infraestructura estratégica y centros educativos. Muchas de las recomendaciones nunca se ejecutaron.
Investigación anticipó un escenario de alto riesgo
Uno de los principales trabajos se publicó en 2013 en la Revista de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela. El estudio, elaborado por el ingeniero civil Óscar López, analizó el riesgo sísmico del país y el estado de su infraestructura.
El documento, titulado Lineamientos para un programa de reducción del riesgo sísmico en Venezuela, indicó que la probabilidad de un terremoto de gran magnitud, especialmente en Caracas, era mucho mayor de lo que se asumía.
La investigación utilizó estudios de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis). Esos análisis tomaron como referencia registros históricos de los terremotos de 1766, 1812 y 1900, información de la red sismológica nacional y el modelo estadístico de Poisson.
Con esos datos, los especialistas estimaron que un sismo de magnitud igual o superior a 6,8 podía ocurrir durante los siguientes 30 años. Además, calcularon que ese evento liberaría cuatro veces más energía que el terremoto de Caracas de 1967, cuya magnitud fue de 6,7.
El estudio concluyó que el riesgo era un escenario cuantificable y no una simple hipótesis. También sostuvo que la prioridad debía centrarse en reducir la vulnerabilidad de edificios e infraestructura antes de que ocurriera un terremoto de gran magnitud.
Infraestructura antigua aumentó la vulnerabilidad
La investigación señaló que gran parte de la infraestructura venezolana se construyó bajo normas antisísmicas que hoy resultan insuficientes y nunca recibió refuerzos para soportar un terremoto de gran intensidad.
Según el informe, cerca del 50% de la infraestructura existente en ese momento se edificó antes de 1982. Ese año entró en vigencia la primera Norma de Edificaciones Antisísmicas de alcance nacional.
El estudio también indicó que la aprobación de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística en 1987 redujo los controles estatales sobre las construcciones durante el auge inmobiliario.
Aunque la normativa antisísmica se actualizó en 2001, López señaló que ese cambio no aumentó la seguridad debido a la falta de fiscalización para garantizar el cumplimiento de los requisitos durante el diseño y la construcción de las obras.
Barrios populares figuraban entre las mayores preocupaciones
Los investigadores identificaron a los barrios populares, especialmente en Caracas, como uno de los principales focos de riesgo.
El estudio indicó que más del 60% de la población de la capital vive en estos sectores. Situaciones similares también ocurren en estados con alta actividad sísmica como La Guaira, Sucre y Lara.
La investigación explicó que muchas viviendas se construyeron de manera informal. Además, carecen de criterios de diseño sismorresistente, utilizan paredes de bloques sin refuerzo estructural y, en numerosos casos, se levantaron sobre laderas con terrenos inestables.
Infraestructura estratégica también aparecía en riesgo
El informe también advirtió sobre la vulnerabilidad de subestaciones eléctricas de alta tensión, cuya falla podía provocar apagones generalizados, situación que finalmente ocurrió tras los terremotos.
Los especialistas también alertaron sobre el riesgo para puentes, aeropuertos y viaductos construidos bajo normas antiguas. Un eventual colapso podía dejar aisladas regiones enteras durante una emergencia.
Escuelas concentraban otra de las grandes alertas
Un segundo estudio, presentado en 2025 por investigadores de Funvisis, la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (Fede) y el Instituto de Materiales y Modelos Estructurales (IMME), analizó la situación de los centros educativos.
La investigación determinó que el 69,4% de los 29.804 planteles del país se ubicaban en zonas de alta amenaza sísmica.
El informe también identificó 438 escuelas construidas con el sistema conocido como Cajetón, similar al utilizado en edificios escolares que colapsaron durante el terremoto de Cariaco de 1997.
Las recomendaciones quedaron incompletas
Los estudios coincidieron en que era urgente evaluar la vulnerabilidad de escuelas y hospitales, con prioridad para las edificaciones construidas antes de 1982 y, especialmente, las anteriores a 1967.
Los especialistas propusieron completar esas evaluaciones en un plazo de seis años y ejecutar las obras de reforzamiento necesarias.
También recomendaron imponer sanciones más estrictas a funcionarios y profesionales que incumplieran las normas, crear un organismo permanente para asesorar al Estado y actualizar la normativa sismorresistente, cuya modificación más reciente corresponde a 2019.
Ese mismo año, Fede presentó el Plan Nacional de Reducción de la Vulnerabilidad Sísmica de las Edificaciones Educativas. La iniciativa buscaba rehabilitar 36 edificios escolares.
Sin embargo, el proyecto se detuvo por falta de recursos antes de ejecutarse por completo.
Académicos insistieron en que el país no pasó del diagnóstico
Cinco años después, especialistas sostuvieron que Venezuela seguía sin transformar los diagnósticos en acciones concretas.
En 2024, investigadores participaron en el foro Riesgo Sísmico en Venezuela y Medidas para su Mitigación. Durante la actividad reconocieron avances en el conocimiento científico sobre el riesgo, pero señalaron que ese trabajo no se tradujo en medidas concretas por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
El ingeniero Heriberto Echezuría, doctor en Ingeniería Civil y magíster en Geotecnia por la Universidad de Stanford, planteó que el Estado tenía la responsabilidad de garantizar edificaciones seguras cuando las normas sismorresistentes son obligatorias. También señaló que persistía el problema de las construcciones levantadas antes de la normativa actual o aquellas que nunca cumplieron esos requisitos.
En conjunto, las investigaciones coincidieron en que Venezuela necesitaba actuar con urgencia para reducir su vulnerabilidad sísmica acumulada durante décadas. Sin embargo, muchas de las recomendaciones nunca se implementaron y el país enfrentó los terremotos de este miércoles con gran parte de las debilidades documentadas por los especialistas.
*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.
