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Una sentencia de cárcel por envenenamiento de perros y robo agravado reconoció a los animales como seres sintientes que merecen respeto. La defensa del acusado intentó que se redujera la condena al alegar que los canes eran cosas u objetos pertenecientes a la empresa víctima del robo. Sin embargo, los Tribunales de Justicia concluyeron que los animales merecen respeto, por lo cual los delitos debían tratarse de forma separada. Este razonamiento elevó la pena del condenado.
El hecho ocurrió en un depósito de materiales de construcción en Desamparados, entre el 1° y el 2 de enero del 2020. Para acceder sin obstáculos, el principal acusado y sus cómplices suministraron alimento envenenado a dos perros de raza american stafford, los cuales eran domésticos y dóciles. Este fue un acto preparatorio para evitar que los animales alertaran al guarda o a los vecinos.
Tras la muerte de los perros, los delincuentes cortaron la cerca y, ya dentro de la propiedad, intimidaron al guarda con un arma de fuego, lo amordazaron y lo despojaron de las llaves de las oficinas y las bodegas. Luego, tomaron objetos como bicicletas, pantallas de televisión, computadoras, dinero y herramientas. Todo fue valorado en ¢12 millones.
Los cómplices del principal acusado, quienes se acogieron a un procedimiento abreviado, se encargaron de la vigilancia. Después, todos huyeron en un camión.
En octubre del 2023, el Tribunal Penal de Goicoechea declaró al líder responsable de robo agravado y maltrato animal. Como resultado, le impuso una pena de ocho años de prisión.
La defensa apeló alegando que el envenenamiento de los perros era una pérdida material más del robo.
No obstante, en junio del 2024, el Tribunal Penal de Apelación de Goicoechea confirmó la sentencia de primera instancia, destacando la separación entre los delitos de robo y maltrato animal.
“Los animales son parte de la sociedad, indispensables en muchas labores que benefician a los humanos: contribuyen a transportar productos, son una gran compañía para muchas familias, son un apoyo para personas con discapacidad y hasta se utilizan con fines terapéuticos. Los animales son seres que sienten y, como tales, merecen respeto”, afirmaron los jueces de alzada.
Los jueces advirtieron de que matar a los perros formó parte de un violento plan criminal.
“La postura del defensor pareciera confundir el bien jurídico tutelado en esta norma. Dentro de su concepción, los perros son cosas u objetos que pertenecen al patrimonio de la empresa víctima y, por eso, los equipara a aquellos daños realizados a las instalaciones, cuando claramente la concepción del animal doméstico como ‘cosa’ ya no está vigente”, indicó la resolución.
El Tribunal de Apelación, integrado por los jueces Raúl Madrigal Lizano, Hannia Soto Arroyo y Edwin Salinas Durán, enfatizó que la crueldad animal debe ser tomada en serio.
“No solo es un crimen en sí mismo, sino que es una indicación de otras formas de violencia pasada, presente y futura. Existe una correlación o vínculo entre el abuso animal, la violencia familiar y otras formas de violencia en la comunidad. Un número creciente de investigaciones indica que las personas que cometen actos de crueldad hacia los animales rara vez se detienen ahí”, manifestó el Tribunal.
Los juzgadores concluyeron que el delito de muerte de animal no coincide con los elementos del robo agravado, ya que son hechos muy distintos. El robo agravado no implica necesariamente la muerte de los animales que protegen los bienes, a diferencia de la infraestructura, que sí debe ser dañada para facilitar el robo. Además, agregaron que cometer un robo no depende de que se maten animales.
El Ministerio Público, representado por las fiscalas Natalia Hidalgo Porras y Greysa Barrientos Núñez, argumentó que la pena de ocho años era justa.
Las fiscalas indicaron que, aunque la sentencia no explicó de forma detallada cómo se aplicaron las leyes, la pena por el robo estaba bien justificada y la muerte de los perros no debía considerarse un delito secundario, como sostenía la defensa.
El principal acusado también fue declarado responsable de otros cinco robos agravados en otros establecimientos, con penas de seis años para cada uno de ellos, y de cinco años por el robo a una tienda. De esa forma, en total, recibió una pena de 38 años de prisión, además de una condena por el delito de asociación ilícita.
Conozca más detalles de esta sentencia en este enlace.
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