EscucharEl derecho de admisión es la facultad que tienen los establecimientos abiertos al público para fijar condiciones de ingreso, permanencia y uso de sus instalaciones. No es un derecho absoluto, sino una potestad reglada.
Así ocurre en como comercios, restaurantes, bares y centros educativos o culturales, entre otros.
Por ejemplo, la Sala Constitucional le dio la razón a la cadena de gimnasios Smart Fit al analizar un recurso de amparo de un cliente, quien alegó discriminación porque la empresa fijó lineamientos sobre la forma de vestir en los recintos.
LEA MÁS: ¿Pueden los gimnasios restringir la vestimenta de los clientes? Esto pasó en Smart Fit
Juan Ignacio Guzmán, profesor de Derecho Comercial en la Universidad de Costa Rica (UCR) y abogado en la firma Energy Law Firm, explicó que el derecho de admisión está limitado por cuatro principios:
-1. Principio de no discriminación: No puede ejercerse con base en motivos de raza, sexo, edad, orientación sexual, religión, nacionalidad, discapacidad u otra condición protegida.
-2. Proporcionalidad y razonabilidad: Las razones para denegar la admisión deben ser objetivas, justificadas y proporcionales (por ejemplo, problemas de aforo, normas sanitarias, conducta agresiva).
-3. Publicidad y claridad de las normas internas: Las condiciones de admisión deben estar claramente visibles y accesibles al público.
-4. Respeto a los derechos fundamentales: No se puede usar el derecho de admisión para vulnerar derechos como la libertad de expresión, acceso a bienes y servicios, o libre tránsito.
LEA MÁS: ¿Cómo se puede remover a un inquilino de forma legal?
El abogado Juan Ignacio Guzmán destacó que, en el marco de la reglamentación interna, como en el caso de Smart Fit, es posible establecer reglas en aspectos como:
-Normas de convivencia
-Condiciones para el uso de las instalaciones
-Lineamientos sobre vestimenta
-Normas de seguridad e higiene
Es posible hacerlo siempre que las disposiciones no contravengan los principios constitucionales
Si se presenta alguna vulneración, los usuarios pueden acudir a la Comisión Nacional del Consumidor, la Defensoría de los Habitantes, la Sala Constitucional o los tribunales ordinarios para interponer un reclamo.
Para elaborar reglamentos de admisión, es recomendable contar con asesoría legal.
