La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) nos está adentrando en el futuro, nos está mostrando cómo será en materia de pensiones; me asomé y no es muy promisorio.
Un reportaje de la periodista Arianna Villalobos, de La Nación, expuso que, este año, la CCSS tendría que tomar dinero de la reserva del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) para pagar las pensiones de los jubilados del mayor régimen del país, pese a que el uso de estos recursos estaba previsto para el 2041.
El escenario se adelantó 16 años y nos aproxima aceleradamente a un sistema de pensiones de “a coyol partido, coyol comido”, un piso flojo en el que no hay seguridad de que existan suficientes recursos para cumplir con las necesidades de los retirados.
Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la CCSS, explicó que un aumento inusual de pensiones anticipadas obligó a utilizar, en el 2024, casi la totalidad de los intereses de la reserva para garantizar los pagos.
Si los ingresos por cotizaciones y los intereses siguen siendo insuficientes, el siguiente paso sería tomar el dinero de la reserva, la cual se utiliza para colocar inversiones que generen más recursos para financiar este régimen solidario.
Todo esto ocurre mientras el gobierno tiene una actitud indiferente hacia el problema, además de que no paga las cuotas estatales requeridas.
Desde el 2020, el gasto en pago de pensiones supera los ingresos por cotizaciones, dijo en febrero el gerente financiero de la CCSS, Gustavo Picado, ante la Junta Directiva.
El año pasado, el gasto superó el ingreso en ¢216.800 millones, el doble de lo registrado en el 2023.
Exministro renuncia a la política, ¿por la prensa canalla’?
La otra noticia importante de la semana fue la renuncia de Mauricio Batalla a la política. El exministro de Obras Públicas y Transportes era uno de los posibles candidatos presidenciales del chavismo para el 2026.
El presidente Rodrigo Chaves lo acuerpó a finales de enero, cuando dimitió al cargo de ministro para poder postularse; además, Batalla se subió a la tarima en la manifestación chavista contra el fiscal general y, además, apareció en la nueva valla propagandística del Partido Pueblo Soberano (PPSO).
No obstante, le echó la culpa de su dimisión a la “prensa canalla” cuando se dio cuenta de que saldría a la luz pública que, en noviembre del año pasado, le pagó ¢3 millones a una mujer para que pidiera archivar un expediente judicial por tres presuntos abusos sexuales.
La Fiscalía lo había acusado penalmente en el 2023 por hechos que habrían ocurrido en los restaurantes de comida mexicana de la familia de Batalla, pero el exministro alcanzó un acuerdo confidencial con la ofendida.
Increíblemente, cuando el Juzgado Penal dictó sobreseimiento, nadie advirtió de que Batalla tenía inmunidad, porque en ese momento era ministro, lo que obligaba a que el caso lo tramitara el fiscal general y a que la acusación se analizara en la Sala III, para decidir si se levantaba la inmunidad.
Exmilitante del FA sancionado por beligerancia
Por último, esta semana, trascendió que la Sección Especializada del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) inhabilitó por dos años para ejercer cargos públicos a un exmilitante del Frente Amplio (FA), por incurrir en beligerancia política.
El hecho ocurrió en el 2017, cuando Esteban Cerdas Aguilar, quien era asesor ad honorem del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), publicó en la cuenta de Facebook de la institución que el FA ya tenía candidato presidencial.
El TSE determinó que la publicación evidenciaba afinidad partidaria y, al realizarse desde un perfil institucional, violó el principio de imparcialidad que deben mantener las entidades del Estado.
La prohibición aplica a todo funcionario público durante su jornada laboral, aunque el régimen sea más estricto para quienes ejercen jerarquías.
Me despido anotando, abajo, tres recomendaciones de lectura de la semana. Le saluda Esteban Oviedo, editor de Política de La Nación.