EscucharRío Azul, La Unión (Cartago). El relleno sanitario de Río Azul cerró hoy a las 5:05 p. m. por orden del Ministerio de Salud después de operar durante 34 años.
La clausura transcurrió en forma pacífica ante la mirada de 86 “buzos” (recuperadores de basura) y funcionarios de la Federación Municipal Regional del Este (Fedemur).
Fedemur era la corporación municipal encargada de administrar el relleno, el cual recibía la basura de ocho cantones de San José.
En adelante, la Municipalidad de Tibás llevará la basura de su cantón al relleno de Los Mangos, en Alajuela, y la de La Unión la llevará al botadero de Cartago.
Los seis municipios restantes llevarán sus desechos en forma temporal al relleno de La Carpio, San José, mientras se abre un nuevo relleno en Aserrí.
Estos seis cantones son Desamparados, Curridabat, Montes de Oca, Moravia, Coronado y Alajuelita.
Fedemur había pedido al Ministerio de Salud una prórroga de 18 meses para terminar el cierre técnico del relleno, pero esa cartera negó la prórroga.
“Si lo hacemos, luego con qué excusa me saldrán si desde hace 12 años se está cerrando este relleno. La decisión es que el 31 de julio vence el convenio para que Río Azul reciba basura”, dijo en mayor pasado la ministra María Luisa Ávila.
Salud asumirá las obras de cierre técnico a partir de mañana durante unos nueve o 12 meses.
Alexis Cervantes, director ejecutivo de Fedemur, cuestionó esta tarde la decisión del Ministerio de Salud.
“Se está cerrando bajo protesta”, dijo Cervantes. “El peligro es latente, el riesgo es alto”.
Según el funcionario, es necesario controlar el relleno, pues lo describió como un “ser viviente” que produce deslaves, los cuales pueden perjudicar a las comunidades cercanas.
Cervantes agregó que se debe controlar el gas metano emitido por la basura y que, además, era necesario que las municipalidades saldaran sus deudas pendientes con Fedemur.
Según Salud, para garantizar la seguridad del viejo relleno, se deben mejorar las tuberías pluviales y hacer obras para que no haya deslizamientos.
Tales labores, cuyo costo asciende a ¢260 millones, serán realizadas por una empresa contratada por Salud.
