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El Consejo de Gobierno analizará -el 6 de enero- una solicitud de indulto a favor del pastor evangélico Zacarías Pérez Pérez, quien purga 15 años de prisión en el Centro Penitenciario La Reforma, desde hace tres años.
La petición fue formulada por el abogado de Pérez, Bernán Luis Salazar, quien argumenta que su cliente padece una enfermedad cardíaca que requiere frecuente atención médica y someterse a un régimen dietético especial.
De acuerdo con los dictámenes médicos, aportados al expediente, el religioso sufre una cardimegalia severa o engrandecimiento anormal del corazón, producto de una falla en la válvula aórtica.
Además, el abogado sostiene en su solicitud que los testimonios de algunas mujeres que sirvieron de fundamento a los jueces para condenar a Pérez fueron malintencionados.
Precisamente tres de esas mujeres, identificadas como Cecilia Hernández Alvarado, Esmeralda Sánchez Campos y Maribel Sánchez Campos, fueron requeridas por presunta denuncia calumniosa en perjuicio de Zacarías, fundador de la iglesia Roca de Pedernal, cuya sede principal está en Riojalandia de Barranca, Puntarenas.
Salazar pide el indulto total del pastor, pero si le es negado por el Consejo de Gobierno solicita que al menos se le otorgue un indulto parcial permitiéndole permanecer en su casa durante el día y regresar a dormir a la prisión en la noche.
Zacarías Pérez fue condenado a 15 años de prisión, el 29 de abril de 1993, por abusos deshonestos cometidos en perjuicio de varias mujeres seguidoras de la iglesia que dirigía.
El 10 de diciembre de 1994, en una entrevista con La Nación y luego que el Instituto de Criminología -dependencia adscrita al Ministerio de Justicia- rechazó una solicitud suya para que se le otorgara la casa por cárcel, el reo expresó: "A narcos, homicidas y ladrones a cada rato les dan beneficios, pero a mí, que no he robado, ni matado, ni envenenado a la sociedad con drogas, me niegan hasta la posibilidad de curarme del corazón".
Ayer trascendió que durante la misma sesión del 6 de enero, el Consejo de Gobierno verá también la posibilidad de otorgar el mismo beneficio a una mujer de apellido Ulate, condenada por estafa, que goza de la ejecución condicional de la pena.
También se estudiará una solicitud de un hombre de apellido Gómez, condenado por violación.
Una fuente ligada a este último caso dijo que es un hecho que el Consejo de Gobierno rechazará el otorgamiento del citado beneficio a Gómez, pues la directriz es no concederla a violadores.
