Washington. Aunque los principales exejecutivos de WorldCom invocaron hoy su derecho constitucional a no contestar a preguntas sobre el fraude contable de la empresa, otros responsabilizaron a su auditora, Arthur Andersen, por las irregularidades que investiga el Gobierno.
El fundador y expresidente de la operadora WorldCom Bernard Ebbers y su exprincipal ejecutivo financiero Scott Sullivan -ambos expulsados de la compañía-, se ampararon en la Quinta Enmienda de la Constitución para evitar autoincriminarse, convencidos de que el Congreso se ha ensañado con la empresa sin merecerlo.
Durante una audiencia del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, Ebbers explicó que decidió seguir el consejo de sus abogados "aunque no creo que tenga nada que ocultar en esta o cualquier otra audiencia".
Agregó que su silencio obedece a la magnitud de las investigaciones que han iniciado el Congreso, el Departamento de Justicia y la Comisión del Mercado de Valores (SEC, por su siglas en inglés) sobre el escándalo financiero de WorldCom, que incluso opaca el protagonizado por el gigante energético Enron.
Además, dijo, algunas declaraciones preliminares "pueden sacarse fuera de contexto", sin ofrecer la posibilidad de defenderse de "preguntas capciosas".
Sullivan, un poco más escueto, dijo no tener un testimonio preparado pero, "con todo respeto", también se acogió a la protección constitucional.
La audiencia, que fue televisada, fue convocada por el presidente del Comité, Michael Oxley, para tratar de esclarecer el fraude contable en el que la empresa indebidamente hizo pasar como gastos cerca de 4.000 millones de dólares, ocultando así su precaria situación financiera en los últimos cinco trimestres.
"Si se logran probar estos cargos, los ejecutivos de WorldCom que participaron del fraude deberán regresar cualquier ganancia obtenida de la venta de acciones. Simplemente sería un error permitirles que se beneficien de una conducta criminal", aseveró Oxley, tras criticar la falta de ética de la empresa.
Pero John Sidgmore, que tomó las riendas de WorldCom hace dos meses, pidió disculpas por las "fechorías" que han despertado la ira del público inversor y que han quebrado la confianza de los estadounidenses en los mercados financieros.
Enfatizó, no obstante, cómo WorldCom descubrió el problema "internamente, auditamos a nuestros auditores y encontramos lo que ellos pasaron por alto", dijo Sidgmore, quien recalcó que "prontamente lo reportamos" a la SEC.
Sidgmore repitió su voluntad de cooperar con los investigadores, enumeró la serie de medidas correctivas que ha tomado su empresa para reparar la confianza del público y "para que los responsables" reciban su castigo.
El presidente del consejo de dirección de WorldCom, Bert Roberts, fue más vehemente en sus declaraciones y responsabilizó directamente a Arthur Andersen por el desprestigio y escrutinio que ahora aquejan a la empresa.
"La incapacidad de nuestros auditores externos para descubrir (las irregularidades) es inconcebible", dijo Roberts. "Tenemos más preguntas que respuestas (... ) pero estamos dispuestos a llegar al fondo de todo esto".
El principal encargado de la auditoría de WorldCom, Melvin Dick, insistió bajo juramento en que ni él ni ningún miembro de su equipo tuvo "la más mínima idea" de la alteración de los libros de contabilidad.
Otra figura que aseguró no haber estado al tanto del fraude fue Jack Grubman, un famoso analista de Wall Street que promovía las acciones de Worldcom y que dijo estar "sumamente entristecido" porque, como consecuencia del escándalo, los inversores han sufrido pérdidas y miles de empleados han sido despedidos.
"Pese a las especulaciones (...) no tuve conocimiento previo del fraude de 3.800 millones de dólares", afirmó Grubman, quien revisó a la baja las acciones de WorldCom en cuatro ocasiones desde marzo pasado.
Tanto demócratas como republicanos aprovecharon la audiencia para arremeter contra la avaricia y engaño de los ejecutivos, y para que se apruebe una ley que evite la repetición de este tipo de fraude.
Edición periodística: Gerardo González y Juan Fernando Lara . Fuente: agencias.