EscucharBogotá, 12 ago (EFE).- El presidente colombiano, Alvaro Uribe, firmó hoy la autorización de envío a Estados Unidos del ex senador Samuel Santander Lopesierra, conocido como "El hombre Marlboro", reclamado por los delitos de tráfico de drogas y lavado de activos.
La Corte Suprema de Justicia aprobó el 6 de agosto la entrega a las autoridades estadounidenses del ex senador, del Partido Liberal.
La defensa de "El hombre Marlboro" dispone a partir de hoy de cinco días para apelar la decisión del Ejecutivo.
Lopesierra fue detenido el 8 de octubre del año pasado, junto a otros seis presuntos narcotraficantes y blanqueadores de activos, durante una redada internacional en Maicao, en el departamento de La Guajira, en el norte de la frontera con Venezuela, a unos 1.500 kilómetros de la capital colombiana.
La Policía y agentes y funcionarios de la Fiscalía llevaron a cabo las detenciones con fines de extradición en la llamada "Operación Conquistadores", con la cooperación del Departamento Estadounidense Antidrogas (DEA).
El ex senador, según las autoridades de EEUU, lideraba una banda de blanqueadores de activos provenientes del narcotráfico y lavaba el dinero con operaciones de contrabando, especialmente de licores y cigarrillos.
Lopesierra ingresó en la actividad política a mediados de la década pasada y obtuvo un escaño al Senado en los comicios de 1994.
El 3 de julio, el presidente Uribe ordenó la entrega de un socio de "El hombre Marlboro", Rubén Darío Cotes Gómez, igualmente acusado de concierto para distribuir cocaína por un tribunal del Distrito de Columbia, capital de los Estados Unidos.
A mediados de junio fue extraditado, también a Estados Unidos, el libanés Ghassan Omar Fakih y se aguarda los envíos de otros asociados de "El hombre Marlboro", Mario Osorio Ortega y de su hermano, José Fernando Alberto Lopesierra.
Cerca de 190 personas han sido extraditadas desde 1997, tras autorizaciones de las autoridades colombianas, cuando se restableció este mecanismo judicial, la mayoría por narcotráfico y a EEUU.
La Constitución de 1991 había prohibido la entrega de ciudadanos nacionales para ser juzgados en otros países, pero una enmienda a la Carta Magna reanudó una de las herramientas más temidas por los traficantes de drogas. EFE
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