EscucharBuenos Aires, 25 jul (EFE).- Una veintena de ex represores argentinos acusados de violar los derechos humanos durante la última dictadura militar quedaron detenidos hoy, después de que la justicia argentina ordenara ayer la captura de 45 militares y un civil con fines de extradición, a petición del juez español Baltasar Garzón.
Entre los detenidos, se incluyen al ex marino Alfredo Astiz, un militar significado de la dictadura que gobernó el país entre 1976 y 1983, una vez que ayer el juez federal Rodolfo Canicoba Corral ordenó su arresto preventivo.
También quedó tras las rejas el general retirado Antonio Bussi, recientemente elegido alcalde de la provincia norteña de Tucumán, según informaron fuentes oficiales.
El arresto preventivo es el paso previo a la consideración de una solicitud para que los imputados respondan ante la justicia española por los delitos de genocidio, terrorismo de Estado y torturas a presos políticos.
A pocas horas de regresar de una gira por Estados Unidos, el presidente argentino, Néstor Kirchner, derogó un decreto suscrito en 2001 que obligaba a rechazar inmediatamente cualquier pedido de extradición de argentinos responsables de la brutal represión durante el régimen "de facto".
El decreto de Kirchner abre la puerta para que la justicia argentina pueda decidir sin intromisiones del Ejectivo la extradición o no a España de los implicados en la causa.
"Queremos que la justicia desarrolle su actividad con independencia, que ocurra lo que en cualquier país civilizado", dijo hoy el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Beliz.
La decisión, esperada desde hace días, tomó por sorpresa a los principales responsables de la dictadura, algunos de los cuales presentaron ante la justicia una petición para ser eximidos de prisión, que el juez Canicoba Corral rechazó.
"Entiendo que no es aplicable la excarcelación en los juicios de extradición", dijo el magistrado en la puerta de los tribunales, donde aclaró que dos de los 46 imputados por Garzón están muertos.
Otros militares -como el ex presidente de facto Jorge Videla, el oficial Jorge "el Tigre" Acosta, el ex jefe de Marina Emilio Massera y el general Carlos Suárez Mason- ya estaban detenidos por un delito no incluido en las leyes de perdón dictadas en la década de los 80: el robo de los bebés de los desaparecidos durante la dictadura.
Muchos de ellos gozan del beneficio del arresto domiciliario por ser mayores de 70 años.
El oficial retirado de la Prefectura (policía marítima) Juan Antonio Azic, quien integra la lista de los acusados por Garzón, intentó suicidarse anoche mediante un disparo en la boca y permanece internado en grave estado, asistido con un respirador artificial, en un hospital de Buenos Aires.
Canicoba Corral decidirá en los próximos día sobre la situación de aquellos militares que se encuentran hospitalizados o que, por su avanzada edad, no están en condiciones de ser trasladados a su juzgado, como el general Vaquero o Massera, en estado de coma.
La resolución del magistrado argentino es el primer paso en el proceso de extradición, un trámite que en Argentina puede recorrer un camino burocrático de varios años con apelaciones a tribunales superiores, incluso a la Corte Suprema, que no tiene plazos para pronunciarse.
Las personas reclamadas por el juez español no pueden ser juzgadas en Argentina porque fueron beneficiados por las Leyes de Obediencia Debida (1987) y Punto Final (1986), aprobadas por el Parlamento, por las que fueron exculpados más de un millar de militares y policías acusados de crímenes contra la humanidad.
Según cifras oficiales, durante el régimen militar argentino desaparecieron 15.000 personas, pero los organismos humanitarios consideran que las víctimas ascendieron a 30.000.
Varias organizaciones de derechos humanos aplaudieron hoy la decisión de Kirchner de derogar el decreto que impedía la extradición de los represores de la dictadura y la detención de los ex militares.
"Sería bueno que en este país hubiera habido jueces que castigaran y condenaran con todo el peso de la ley a los genocidas. Pero por lo menos, que sea donde fuere, se los condene", dijo hoy Hebe de Bonafini, titular de las Madres de Plaza de Mayo. EFE
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