6 agosto, 2010
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El TSE corroboró la validez de más de 150.000 firmas de ciudadanos que apoyan la realización de un referendo para aprobar o rechazar las uniones civiles entre personas del mismo sexo.

Dicho número excede la cantidad requerida para solicitar la consulta popular.

Según la Ley de Regulación de Referendo, toda petición para realizar una consulta de este tipo debe ir acompañada con las rúbricas del 5% del padrón electoral (en este caso 130.000 firmantes).

La verificación de la autenticidad de las firmas finalizó en julio pasado, según confirmó ayer el departamento de Registro Electoral del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Cumplido este requisito, el Tribunal podría realizar el referendo el próximo 5 de diciembre junto con las elecciones de alcaldes y síndicos, las cuales fueron convocadas oficialmente ayer.

Sin embargo, el trámite de la consulta popular está frenado debido a una orden de la Sala IV, la cual aceptó para estudio un recurso de amparo contra el proceso.

Debido a ello, los magistrados del TSE no pueden aprobar el informe sobre validación de firmas ni hacer la convocatoria.

Luis Antonio Sobrado, presidente del Tribunal, confirmó ayer que, en caso de que la Sala IV rechace el amparo después de agosto, sería muy difícil organizar la consulta para diciembre.

Por ley, el TSE puede llamar a referendo con menos de tres meses de antelación a la fecha escogida. Pero, en la práctica, necesita al menos 90 días para realizar los preparativos como la confección del padrón electoral y la contratación de las papeletas.

Si la consulta no se realiza en diciembre, tendría que realizarse en una fecha no definida del 2011. Su costo sería de ¢2.500 millones.

La recolección de firmas para el referendo fue promovida por los abogados Alexandra Loría Beeche, Jorge Fisher Aragón, Gustavo Edwards Valerín y Cleto Lacey Lacey.

La idea es que el electorado decida sobre el proyecto de ley de unión civil entre personas del mismo sexo, tramitado en la Asamblea Legislativa bajo el expediente 16.390.

Ese plan, además de autorizar las uniones gais ante los juzgados, regularía la separación de estas parejas e incluso la fijación de pensiones alimentarias.

La iniciativa fue impulsada en el Congreso por los ahora exdiputados Ana Helena Chacón (PUSC), José Merino del Río (Frente Amplio) y Carlos Manuel Gutiérrez (Movimiento Libertario).

Revisión una por una. La recolección de firmas para que el público defina este tema fue autorizada por el TSE en diciembre del 2008.

En noviembre del 2009, los proponentes entregaron un primer grupo de firmas, pero el TSE determinó que faltaban cerca de 31.000 personas y les otorgó 15 días hábiles para completarlas.

Ese último paso se cumplió en diciembre del año pasado.

Desde entonces, el Registro Electoral conformó un grupo de 50 personas para verificar la autenticidad de las firmas.

Según Gerardo Abarca, secretario general de Registro, dicho equipo revisó, caso por caso, si la firma y el número de cédula indicada en los formularios correspondían con los datos del Registro Civil.

Durante el proceso se rechazaron rúbricas repetidas y, en unos 5.000 casos, firmas de extranjeros.

En parques y templos. La abogada Alexandra Loría expresó ayer su complacencia por la validación de las firmas. Detalló que estas fueron recolectadas por unos 200 voluntarios en edificios de oficinas, parques y templos religiosos. Sostuvo que su intención es defender el matrimonio y la familia.

Sin embargo, la iniciativa tiene adversarios. Abelardo Araya, representante del Movimiento Diversidad, comentó que en otros países se ha confirmado que estos temas no son objeto de referendo.

El recurso de amparo que tiene frenada la consulta fue presentado por el abogado Esteban Quirós Salazar, quien argumentó que la consulta lesiona los derechos de las personas con una orientación sexual diferente a la de la mayoría.

Ayer, el presidente del TSE alegó que el referendo permite al ciudadano ejercer su capacidad de hacer la ley.