EscucharMadrid, 20 ene (EFE).- La Audiencia Nacional española paralizó hoy el traslado a Cataluña de documentos depositados en el Archivo General de Salamanca que fueron incautados a esa región autónoma en la guerra civil (1936-39) por el general Francisco Franco.
El tribunal admitió así la medida cautelar que en ese sentido solicitó en un recurso el Ayuntamiento de Salamanca, y tiene previsto revisar su decisión el próximo martes tras escuchar las alegaciones de las partes implicadas.
La salida de Salamanca, en unas 500 cajas, de las decenas de los fondos históricos se hizo el jueves, aunque quedaron depositados en Madrid, a mitad de camino, en una cámara acorazada del ministerio de Cultura a la espera de su envío definitivo a Barcelona.
Los documentos fueron enviados a Salamanca tras la caída del Gobierno legítimo de la II República, en 1939, para servir de base a los procesos del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, creado en 1940.
El ejército franquista los confiscó de manera selectiva en Cataluña y otros frentes, y los utilizó al término de la contienda contra ciudadanos considerados "enemigos y desafectos".
El Ayuntamiento de Salamanca, ciudad perteneciente a la comunidad autónoma de Castilla y León, impugnó ante la Audiencia el traslado de los fondos por entender que se incumplió la ley, y solicitó que, de forma cautelar, las cajas permanezcan en el Ministerio de Cultura.
Esa alcaldía alega que "se ha vulnerado la ley" que ordena la devolución a las autoridades regionales de Cataluña por considerar que parte de los papales no corresponden a instituciones o particulares catalanes.
El gobierno regional catalán reclama desde hace 25 años esos fondos históricos, que forman parte desde 1999 del Archivo General de la Guerra.
En Salamanca, sin embargo, una gran pancarta con la frase "Venceréis, pero no convenceréis", pronunciada por el escritor Miguel de Unamuno durante la guerra civil, preside la Plaza Mayor, donde los ciudadanos se manifiestan mayoritariamente en contra del traslado.
En 2002, el Patronato del Archivo General de la Guerra Civil, presidido por la entonces ministra Pilar del Castillo, del conservador Partido Popular, había rechazado el traslado y lo justificó en la necesidad de preservar la unidad del archivo.
Pero tras la llegada del Partido Socialista al poder en abril de 2004 se reanudó el debate con la creación de un comité de expertos, integrado por juristas, historiadores y archiveros, que se pronunció en diciembre del mismo año a favor de la devolución de los papeles a Cataluña.
El ministerio de Cultura reiteró los últimos días que la unidad funcional del Archivo General de la Guerra Civil no se rompe, que los documentos sacados hoy suponen un tres por ciento del total y que, como establece la Ley de Restitución, quedan copias tanto de estos como de los que puedan reclamar a partir de ahora particulares.
Además, Calvo consideró que esta ley "restaña una situación injusta". EFE
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