San José. El Juzgado Penal de San José dictó tres meses de prisión preventiva contra tres hombres investigados por un posible fraude contra la Asociación Solidarista de Empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Así lo informó esta tarde el Poder Judicial, al indicar que el delito que se les investiga es "defraudación"; las indagaciones están a cargo de la Fiscalía Especializada en Fraudes del Ministerio Público (órgano acusador del Estado).
Los detenidos son el presidente y el tesorero de la Asociación, así como un abogado de una empresa proveedora de la Asociación. En cuanto a una mujer que fue arrestada ayer -esposa de uno de los imputados-, se le dejó en libertad, aunque con la orden de firmar cada 15 días ante el juzgado.
De acuerdo con la información preliminar, la investigación es por un presunto fraude por unos ¢100 millones que se cometió, supuestamente, por medio de la alteración de facturas y compras ficticias entre la Asociación Solidarista, la firma Wacamedu S. A. y la empresa C.I. Luisti Internacional Sport Ltda.
Precisamente, en Wacamedu el abogado es apoderado generalísimo, y la esposa del presidente de la Asociación figura como secretaria.
Hoy, en un campo pagado en diarios nacionales, la gerencia y la junta directiva de la Asociación Solidarista dijeron que la organización tiene solidez plena de las finanzas y que no existe situación que afecte los dineros de los asociados.
Guiselle Salas Alvarado, quien firmó el comunicado, dijo que "no preocupa en lo absoluto que se investigue la organización".
Esta investigación tiene su origen en una denuncia que interpusieron ante la Fiscalía, en junio del 2003, dos afiliados de la Asociación Solidarista de la Caja.
En aquel momento se pidió indagar una supuesta pérdida o robo de mercadería que ocurrió en la tienda de la asociación. No obstante, la situación no fue denunciada ante la Policía Judicial.
Asimismo, los afiliados cuestionaron supuestas anomalías en los contratos para importar prendas de vestir, zapatos y otros artículos de Colombia.
Guiselle Salas, en el campo pagado, puntualizó que la denuncia fue conocida por la asamblea general de la Aseccss, en noviembre del 2003, cuando no se señalaron hechos ilícitos o responsables de actos irregulares.
Agregó que dada la relevancia de las denuncias, la fiscalía de la Aseccss realizó un "riguroso auditoraje", al igual como lo hizo la Caja Costarricense de Seguro Social y otros órganos fiscalizadores sin que las pesquisas determinaran manejos indebidos.
No obstante, hizo ver que se dieron recomendaciones para mejorar las tácticas comerciales y los procesos de compra.
De acuerdo con Salas, periódicamente estarán informando a los afiliados sobre todo lo que acontezca, al tiempo que darán a las autoridades toda la colaboración para el esclarecimiento de lo acontecido.