EscucharPor Arturo Menéndez Vall-Serra
Bogotá, 5 nov (EFE).- Dos décadas han transcurrido ya desde que el 6 de noviembre de 1985, a las 11.35 de la mañana, comenzaran en Bogotá 26 horas y 35 minutos de terror que dejaron 95 muertos, pero la tragedia sigue pesando en la conciencia de Colombia.
A esas víctimas se han sumado, antes y después de esa tragedia, millares de muertos y desaparecidos, debido a la violencia crónica que desde mediados del siglo pasado azota al país, que no ha podido encontrar hasta ahora una solución al cruento conflicto interno.
Ese día y a esa hora, un comando de cerca de 50 guerrilleros del Movimiento 19 de Abril (M-19) entró en la sede de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, el único lugar en el que era precisamente imposible negociar la legalidad.
Sobre el costado norte de la Plaza de Bolívar, el edificio de la Corte terminó consumido por las llamas junto con sus ocupantes -magistrados, otros funcionarios, visitantes y los miembros del comando terrorista- vivos o ya muertos.
Al frente, cruzando hacia el sur, estaba la plaza mayor de la ciudad, la sede del Legislativo, a su izquierda, la Catedral Primada de Colombia y el Palacio Arzobispal, y a su derecha la Alcaldía Mayor de Bogotá.
De la plaza, en segundos, huyeron palomas, vendedores y transeúntes.
A dos calles, también al sur, estaba la Casa de Nariño, sede del Gobierno, y mediando entre ella y la Corte se situaba el Congreso, desde donde apenas se podía observar el humo y escuchar el traqueteo de ametralladoras y las explosiones, hasta que cayó la noche y el resplandor de las llamas lo iluminó todo hasta que no hubo qué quemar.
Mientras se producía la cruenta toma, tanquetas del Ejército atravesaban la plaza y soldados, policías, periodistas, fotógrafos y camarógrafos estaban agazapados en las columnas del Palacio Liévano, sede de la Alcaldía, o en los altos del Congreso, o parapetados tras un muro, en la parte baja de la puerta de entrada a la Corte.
Desde el interior, su presidente, el magistrado Alfonso Reyes Echandía, clamaba a través de la radio a "que cese el fuego para negociar con esta gente".
El comando guerrillero exigía juzgar, necesariamente bajo la amenaza de las armas, al presidente Belisario Betancourt (1982-1986) y varios ministros en la propia sala de sesiones de la Corte.
El máximo tribunal de la Justicia colombiana tenía pendiente de definir la legalidad de un tratado de extradición con EEUU.
El narcotráfico ya hacía estragos en el país desde hacía algo más de una década como un fenómeno que desde entonces y hasta hoy ha sido tolerado por parte de la sociedad y cuyo costo sigue pagando.
En la Casa-Museo del Florero, en donde se produjo el Grito de Independencia, se instaló un puesto militar donde eran atendidos e identificados los que pudieron sobrevivir a la tragedia.
Hubo muchos disparos, uno de ellos desde una tanqueta que abrió un inmenso boquete en la puerta de acceso a la Corte, que permaneció largo tiempo a la vista de quienes pasaban por la plaza.
"Todo ha terminado. No hay nadie vivo en el interior", fueron las dramáticas palabras del jefe del Socorro Nacional, Carlos Martínez Sáenz, tras 26 horas y 35 minutos de terror en el centro de Bogotá.
Hoy, millones de colombianos que nacieron tras ese cruento hecho, apenas tienen una somera referencia de la tragedia, opacada pero no olvidada, por una catástrofe natural.
En una semana se conmemora la tragedia de Armero, una población a 150 kilómetros al noroeste de Bogotá en la que murieron sepultadas por una inmensa avalancha de lodo cerca de 25.000 personas, una de ellas un magistrado que irónicamente se salvó de la del Palacio de Justicia.
De la destrucción que quedó en el edificio de la Corte no queda rastro tras la reconstrucción, que tardó algo más de una década.
En la memoria colectiva queda algo de lo sucedido pero sobre todo en la de los familiares de las víctimas mortales y los de los 11 desaparecidos que todavía esperan y reclaman explicaciones y responsabilidades que requieren la verdad.
Una Comisión de la Verdad, no oficial, tratará en los próximos 12 meses de establecer qué fue realmente lo que sucedió ese 6 y 7 de noviembre de 1985. EFE
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