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Después de medio siglo de haber estado "casados" con un modelo de Estado benefactor, la mayoría de los costarricenses se resiste a "divorciarse" de este esquema y "contraer nupcias" con los nuevas opciones que abogan por una menor participación estatal en diversas áreas.
Específicamente, un 82 por ciento de los ciudadanos opina que los gobiernos deben mantener los programas de asistencia social que el país ha tenido en el pasado. De este modo quedó de manifiesto en la más reciente encuesta realizada por la empresa Unimer, por encargo de La Nación.
La consulta tuvo lugar entre el 9 y el 22 de setiembre, y recabó el criterio de 1.215 adultos en todo el país. Tiene un margen de error del 2,8 puntos porcentuales.
La encuesta también demostró que la Defensoría de los Habitantes es la institución con la que los individuos están más satisfechos; así lo manifestó un 81 por ciento. En contraste, los partidos políticos obtuvieron una calificación del -53 por ciento. (Cuadro aparte con índices de confiabilidad en 19 entidades.)
Asimismo, se constató que la mayoría de las personas está contenta con los servicios que presta el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Un 90 por ciento se mostró complacido con la atención en materia de energía eléctrica; un 82 por ciento dijo aprobar el servicio de telefonía.
Por cierto, un 49 por ciento de los entrevistados sostuvo que la Asamblea Legislativa debe aprobar el proyecto que permitiría a inversionistas privados participar en proyectos de generación de electricidad, en alianza con el ICE. El apoyo es mayor, de un 53 por ciento, en cuanto al plan que busca la apertura paulatina del mercado de telecomunicaciones.
Siete ejemplos
En relación con la fidelidad de los costarricenses al Estado paternalista, siete ejemplos bastan como muestra:
Precios. Un 96 por ciento está de acuerdo con que el Gobierno regule los costos de los productos a los consumidores.
Agro. Los agricultores deben tener acceso a préstamos bancarios en condiciones más favorables. Así lo afirmó un 95 por ciento.
Educación. Una de las prioridades gubernamentales en materia de gastos debe ser, de acuerdo con un 92 por ciento, el apoyo a las universidades estatales, además de la formación básica y de secundaria.
Trabajo. El Estado debe garantizar que toda persona posea un empleo y un nivel de vida adecuado, según el 87 por ciento de los consultados.
Distribución de la riqueza. Un 74 por ciento está de acuerdo en que es tarea de los gobiernos acortar las brechas entre quienes tienen altos ingresos y quienes los tienen bajos.
Vivienda. Para un 68 por ciento, el Estado debe realizar un mayor esfuerzo para proveer de casa a quienes no la tienen.
Desempleo. El Estado debe darles un aporte económico a los desempleados durante el tiempo que estos tarden en ocuparse de nuevo. Tal es el criterio de un 59 por ciento.
Cargas sociales
De cara a los resultados anteriores, llama la atención el hecho de que, a pesar del fuerte apoyo en favor de los programas sociales, un 68 por ciento de los entrevistados afirmó que las cargas sociales tienen un costo demasiado pesado para las empresas del país.
Además, un 74 por ciento opinó que las comunidades deben resolver sus problemas en lugar de aguardar la intervención del Gobierno.
La mitad de los adultos consultados expresó, también, una opinión negativa ante el proceso de globalización económica. Afirmó que la apertura del comercio con el resto del mundo perjudica a Costa Rica.
