EscucharTanto el presidente de la Cámara de Industrias, Marco Vinicio Ruiz, como el presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Federspiel, exteriorizaron ayer su preocupación por los efectos que pueda tener para la inversión extranjera las trabas que ha enfrentado para su instalación en Costa Rica la firma francesa ELF.
Esta empresa, que pretende vender gas en nuestro país, inició sus trámites para comenzar a operar una planta ubicada en La Lima de Cartago hace dos años y aún mantiene paralizada una inversión cercana a los ¢972 millones.
El obstáculo que enfrenta actualmente es que el Concejo municipal de Cartago decidió no otorgar la patente hasta que no se resuelva un recurso de amparo presentado por la Asociación de Desarrollo de San Nicolás, por medio de Rafael Montoya Madrigal, el 3 de noviembre pasado.
De acuerdo con el gerente de operaciones de ELF, Adrián Alvarenga, la Sala decidió estudiar el recurso, pero no suspendió el acto.
Los vecinos alegan que no se les consultó antes de instalar la planta; sin embargo, Alvarenga argumenta que la democracia local es representativa, por lo que con los permisos autorizados por las instancias respectivas son suficientes.
El Concejo municipal de Cartago está integrado por 11 regidores. Rocío Brenes (presidenta), Rafael Francisco Bloise, José Virgilio Navarro, Leonel Eduardo Campos y Carlos Alberto Chaverri, representantes del Partido Liberación Nacional, están de acuerdo con la instalación de la firma, según declaró ayer Brenes.
Sin embargo, Francisco Marín, del mismo partido, y Humberto Alvarado, Norma Solano, José Alberto Solano, Manuel Enrique Víquez y Dagoberto Monestel, representantes del Partido Unidad Social Cristiana, piden que primero se haga una consulta a los vecinos antes de dar la autorización a la empresa. Esto, según confirmó ayer Alvarado Monge.
El primer vicepresidente de la República, Rodrigo Oreamuno, reiteró ayer que las municipalidades son autónomas, pero que el Gobierno también está preocupado por la situación. Añadió que instalaron una comisión para tratar de simplificar los trámites a las empresas.
Ruiz y Federspiel comentaron que una empresa tarda unos 18 meses en trámites para instalarse en el país y se requieren de por lo menos 52 consultas diferentes.
