EscucharLa Paz, 18 ago (EFE).- La Corte Suprema de Bolivia levantó hoy el secreto militar en la investigación de los violentos sucesos de octubre de 2003 que se saldaron con la muerte de 60 personas y la dimisión del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
La decisión fue tomada por la Sala Penal Primera del máximo tribunal de justicia con sede en la ciudad de Sucre, situada en el sureste del país, a pedido de la Fiscalía de la República, que reside en la misma urbe.
La resolución, a la que accedió EFE, indica que citada Sala "autoriza el levantamiento del secreto militar en relación a los sucesos de septiembre y octubre de 2003, información clasificada que será desvelada por los comandantes de Fuerza en estricta reserva ante la Fiscalía General".
Las indagaciones de la Fiscalía habían tropezado con la negativa de los militares de prestar testimonios sobre sus acciones durante esos violentos enfrentamientos que dejaron 60 muertos y 142 heridos.
Por esas víctimas, el ex mandatario fue acusado de genocidio, junto a nueve de sus ministros, a quienes se responsabiliza de complicidad en los hechos.
El delito de genocidio, según la legislación penal boliviana, también se aplica a casos de "masacre sangrienta" que, según la Fiscalía, es lo que ocurrió durante la represión militar en 2003.
Las protestas provocaron la dimisión de Sánchez de Lozada el 17 de octubre de ese año y su partida inmediata a los Estados Unidos, donde reside actualmente.
El secretario general de la Fiscalía, Wilfredo Chávez, declaró a los medios de Sucre que la decisión era "un primer triunfo que tiene el Ministerio Público en la búsqueda de la verdad en este caso".
El fiscal general de República, Pedro Gareca, remarcó, en una rueda de prensa, que la institución solicitará al comandante de las FFAA que entregue la documentación clasificada sobre lo ocurrido esos días y fijará un rol de testimonios para quince militares.
El abogado de la entidad castrense, Gonzalo Valenzuela, comentó a la prensa que aún no conocía la decisión de la Suprema, pero que, "si era cierta", se trataría "no de un atentado a las Fuerzas Armadas, sino a la seguridad nacional, muy peligroso".
El comandante en jefe de las FFAA, Marco Antonio Justiniano, declaró, en Palacio de Gobierno, donde se reunió con el presidente, Eduardo Rodríguez, que aguardarán a conocer el texto oficial de la decisión judicial antes de anunciar su posición oficial. EFE
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