EscucharMéxico, 29 nov (EFE).- La Suprema Corte de Justicia anuló hoy el requisito que exigía México a otros gobiernos de no imponer la cadena perpetua para autorizar la extradición de delincuentes solicitada por otras naciones.
Los magistrados mexicanos modificaron hoy el criterio de que consideraba la prisión vitalicia como una pena contraria a la Constitución y anuló la norma de exigir a otro país una garantía de no imponer penas a un detenido que no estuvieran contempladas en el código penal mexicano.
Desde octubre de 2001, la Corte había establecido que la prisión a perpetuidad es una pena prohibida por el artículo 22 de la Constitución mexicana, sin embargo los ministros desecharon ese criterio que impedía la extradiciones de narcotraficantes.
La Corte, además, modificó hoy la norma por la que, para autorizar una extradición, el Gobierno de México tenía que exigir al país solicitante la garantía que no impondría prisión vitalicia al reo.
Con este fallo del Tribunal Supremo mexicano quedó abierta la posibilidad de las extradiciones de narcotraficantes, los cuales utilizaban este argumento legal para impedir su traslado, principalmente a Estados Unidos.
Asimismo, la decisión judicial abre la puerta para que los jueces mexicanos impongan penas de cadena perpetua contra criminales peligrosos en el país.
"La prisión vitalicia no constituye una pena inusitada, por lo que para tramitar aquella, no es necesaria que el Estado solicitante se comprometa a no aplicarla o imponer una menor prevista en su legislación", afirmó el texto de la resolución.
Esta situación será aplicada en los casos de que delincuentes que se encuentran en proceso y que tratan de evitar su extradición.
La decisión de la Corte se aprobó después de que en septiembre pasado los magistrados del Supremo consideraron que una pena superior a los cien años es igual a la de cadena perpetua y no viola la Constitución en relación con los castigos contra delincuentes acusados de crímenes de mujeres en Juárez.
La propuesta para modificar este criterio fue presentada por el mismo presidente de la Corte, Mariano Azuela, junto con dos de sus colegas como un asunto de "grave y urgente resolución" para que este criterio pudiera aplicarse en todo el país.
"Este criterio está generando dudas e inseguridades en juzgados y tribunales, y esto está relacionado con el tema de extradición", agregó uno de los ministros en defensa de la propuesta. EFE
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