Diversos sectores de opinión en Perú reaccionaron ayer indignados ante la cancelación de la ciudadanía peruana a un empresario televisivo nacido en Israel, y señalaron que la decisión afecta la seguridad jurídica del país.
El retiro de la nacionalidad peruana al empresario de televisión Baruch Ivcher, por parte del Gobierno, subió al máximo la tensión política en este país.
Horas antes de conocerse dicha medida, la cadena de televisión Frecuencia Latina -Canal 2-, de la que es propietario Ivcher, difundió un programa en el que con la emisión de grabaciones acusó al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) de un presunto espionaje telefónico a alrededor de 200 políticos, periodistas y empresarios.
Ambos hechos han contribuido a añadir un mayor voltaje a la ya tensa situación política peruana, crispada en los últimos meses desde que la mayoría gubernamental en el Congreso destituyó a tres magistrados del Tribunal Constitucional.
El defensor del Pueblo, Jorge Santistevan, afirmó que la acción gubernamental de dejar sin efecto legal el título de nacionalización de Ivcher, afecta la seguridad jurídica en el país.
Santistevan dijo que la nacionalización del empresario de origen israelí fue otorgada por una resolución suprema, de diciembre de 1984, firmada por el presidente peruano de entonces, Fernando Belaúnde, y por el ministro de Relaciones Exteriores de la época, Juan Percovich.
Precisó que una norma del nivel de la resolución suprema no puede ser derogada por "un acto de menor jerarquía" como la resolución directoral.
El dispositivo legal que retira la nacionalidad peruana a Ivcher es una resolución firmada por el director general de Migraciones y Naturalización del ministerio del Interior, coronel de la policía Víctor Hugo Huamán.
Esta dispone la cancelación de la ciudadanía a los nacidos en el extranjero que "difamen a las Fuerzas Armadas". Ivcher, en condición de extranjero, no puede poseer un medio de comunicación pues la legislación lo impide.