¿Son eficaces las cámaras de vigilancia?

Por tratarse de un instrumento introducido desde hace muy poco en Costa Rica, nos ha parecido oportuno resumirlo.

¿Qué es la vigilancia por video? Esta modalidad de vigilancia, que desde los años 1950 se aplica en el marco del desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, permitió al principio facilitar la gestión de la circulación vial y asegurar la seguridad de bancos y comercios, pero tuvo un amplio desarrollo, en los años 1980, en Inglaterra y los Estados Unidos y una extensión aún mayor en la década de los noventa.

Sin embargo, esta expresión no constituye un concepto homogéneo. En efecto, tal término debe estar necesariamente relacionado con los objetivos perseguidos por esta acción: disuadir a infractores potenciales, permitir a la Policía compilar imágenes destinadas a elaborar un expediente policial y/o reunir pruebas para un proceso penal.

En este sentido, la vigilancia puede ser: discreta o manifiesta (cámaras escondidas o aparentes); en espacios públicos o privados; preventiva (mantener el orden público, prevenir conductas antisociales) y de protección (de la zona contra ciertos riesgos); en circuito cerrado (las imágenes pueden ser vistas ulteriormente) y abierto (solo en tiempo real); polivalente (también útil para incendios, accidentes, presas viales, etc.); apta para el reconocimiento facial de una persona o de las placas de vehículos; más recientemente, mediante cámaras de vigilancia instaladas en radiopatrullas policiales (que permiten escanear 200 placas por minuto) o en aviones sin piloto.

Caracterizada por la constante evolución tecnológica de este tipo de vigilancia, su mayor inconveniente es la carencia de criterios claros de referencia sobre su utilización y las poblaciones a quienes se aplica.

¿Facilita esta modalidad de vigilancia la lucha contra la criminalidad? Este sistema permite a veces detectar señales precursoras de infracciones penales y servir de instrumento de reacción. Tales son los casos cada vez más frecuentes de instalaciones de esta naturaleza en los transportes públicos, en sitios inaccesibles como los túneles ferroviarios o en ciertas zonas “sensibles” que no cuentan con servicios policiales.

¿Contribuye a reducir las tasas delictivas? Conviene subrayar, a este respecto, la debilidad del objetivo que se suele asignar prioritariamente a la intervención policial: la reducción de la delincuencia, fenómeno cuyos determinantes (familia, escuela, trabajo, frecuentaciones, etc.) escapan a la acción de los servicios encargados del mantenimiento del orden.

Así lo reconoce el análisis comparado del CIPC, el cual señala que el recurso a la vigilancia por video es una solución apresurada, incapaz de encarar las verdaderas causas de la criminalidad, así como la ausencia casi total de evaluación, en especial de una evaluación independiente.

Solo se observan bajas con respecto a algunos delitos contra la propiedad o cometidos en los parqueos, o bien como consecuencia del fenómeno de desplazamiento de la criminalidad.

¿Favorece el incremento del sentimiento de seguridad? Diversos estudios muestran que la vigilancia por video no consigue tranquilizar a los residentes de una zona, sino, al contrario, crea un sentimiento irracional de miedo, agravado por el espacio desmesurado que los medios de comunicación suelen dar a los hechos delictivos. Se señala además que, al dedicar las cámaras más espacio a los ciudadanos inocentes que a los delincuentes, provocan un clima de miedo en los espacios públicos.

¿Es un instrumento eficaz de gestión? Numerosos países han adoptado este método como herramienta de gestión destinada a facilitar mejoras importantes en las redes de transporte, hacer más racional el mantenimiento de las infraestructuras y optimizar la prevención de incendios y la gestión de espacios públicos.

Aunque este tipo de vigilancia presenta la ventaja de suponer un costo muy inferior al de los servicios policiales (ha habido propuestas de reemplazar a los policías por cámaras), se señalan numerosos inconvenientes, entre ellos la necesidad de mantenimiento y de revisiones regulares, su limitado campo de visión, la deficiente capacitación de los usuarios, la ausencia de manuales para su uso y la ignorancia de la mayoría de residentes con respecto a su presencia en el barrio.

Problemas éticos. Finalmente, el recurso a la vigilancia por video plantea serios problemas éticos tales como una protección insuficiente de la vida privada, la violación de las libertades individuales en nombre del “bien colectivo”, su contribución al agravamiento de la discriminación de que suelen ser víctimas ciertos grupos e individuos, y la ausencia de mecanismos de control, seguimiento y evaluación de su utilización (esta última, llevada a cabo por una autoridad independiente).

Conclusiones. Como conclusión, el CIPC señala los siguientes problemas principales del tema:

Análisis y reglamentación del recurso a la vigilancia por video para otros fines diferentes de la prevención del delito y la lucha contra la delincuencia.

Distinción entre los casos en que las necesidades de seguridad pública se determinan en función de los intereses comerciales del sector privado, y no del “bien colectivo”.

Consideración y resolución de los problemas sociales relacionados con el inicio de una vía delictiva.

Nombramiento de una persona o institución independiente para evaluar la eficacia de la vigilancia por video con respecto a los objetivos antes indicados.

Promoción de buenas prácticas para favorecer la transparencia y el respeto de las leyes.

Utilizar la vigilancia por video para promover la transparencia democrática; y adopción de medidas específicas para cada contexto, condición indispensable para su eficacia.