San José. ACAN-EFE El dirigente sindical venezolano Carlos Ortega Carvajal, asilado en Costa Rica desde marzo del año pasado, dijo el martes que "no quita una palabra" a sus declaraciones hechas en Miami (EEUU), el pasado sábado.
Estas declaraciones llevaron al gobierno de Costa Rica a pedir a Ortega, presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), a que renunciara a su condición de asilado y abandonar el país centroamericano.
En esa ocasión, Ortega Carvajal afirmó que "se iría a Venezuela a trabajar clandestinamente para sacar al gobierno (de Hugo Chávez) de su país".
Ortega afirmó a ACAN-EFE que se siente "realmente sorprendido" por la petición de las autoridades costarricenses al considerar que no ha violado ninguno de los límites que le puso Costa Rica cuando le concedió asilo.
Estos límites eran no regresar a territorio venezolano y no incitar a la violencia, lo cual, asegura, en ningún momento ha hecho.
"Mi posición crítica como adversario del régimen de Venezuela en ningún momento se planteó", dijo el sindicalista, quien ayer regresó a Costa Rica de Miami al señalar que espera todo sea aclarado con las autoridades de este país.
"Mantengo y ratifico lo dicho (en Miami). No he dicho nada distinto a lo que he repetido desde que llegué a Costa Rica", afirmó Ortega, quien salió de su país alegando persecución de parte del gobierno de Hugo Chávez.
Dijo que no se explicaba las razones de esta situación, pero recordó que a mediados de febrero, cuando el canciller de Costa Rica, Roberto Tovar, le llamó ante una advertencia similar de Caracas, supo que hubo amenazas con cortar el suministro de petróleo.
Venezuela es uno de los principales proveedores de petróleo de Costa Rica.
Afirmó que un "chantaje similar" se dio con República Dominicana por el asilo que dio este país el ex presidente Carlos Andrés Pérez.
"Pero ahora no se que hay en el fondo de todo esto. No me atrevo a adelantar nada", aseguró.
El abogado de Ortega, Fernando Berrocal, también respondió ayer a la cancillería costarricense y aseguró que su representado no ha violado en ningún momento el derecho de asilo, según una carta enviada al viceministro de Relaciones Exteriores, Marco Vinicio Vargas.