EscucharBogotá, 8 jun (EFE).- El general del Ejército Gabriel Ramón Díaz, pasado esta semana a retiro por el Gobierno colombiano, negó hoy tener responsabilidad en la desaparición de casi dos toneladas de cocaína decomisadas al parecer a los paramilitares.
Díaz, quien era comandante de la II Brigada, afirmó que hay que preguntarle al comandante de la Policía, general Teodoro Campo, qué fue lo que realmente pasó con el cargamento de la droga, pues dijo que "esa operación no la hizo el Ejército".
Aseveró, en declaraciones a los periodistas, que el decomiso del narcótico, cuyo paradero se desconoce, no fue hecho por la II Brigada, con sede en el puerto caribeño de Barranquilla, en el norte de Colombia.
Añadió que lo único que hizo la unidad militar fue entregar a tres informantes (que supuestamente habrían suministrado la información para el decomiso del alijo) a dos funcionarios de la Departamento Estadounidense Antidrogas (DEA).
Según el número publicado hoy por la revista "Cambio", Estados Unidos presionó durante cuatro meses al Gobierno colombiano para el retiro del militar, por su presunta vinculación a actividades relacionadas con el narcotráfico y los grupos ilegales paramilitares de ultraderecha que operan en el norte del país.
La droga habría ido a parar a los paramilitares, a quienes se les habría incautado originalmente la cocaína.
El ministerio de Defensa informó el viernes pasado de que el general Díaz "fue llamado a calificar servicios (pasar a retiro) en el día de hoy" y que "el Gobierno venía en consideración del caso desde hace varios meses".
Díaz reveló que dos de los tres informantes que entregó a la DEA fueron asesinados en la población de Galapa, cerca a Barranquilla, y que el tercero fue llevado a otra región del país para protegerlo.
Afirmó que la unidad militar a su cargo, a pesar de realizar las labores de investigación para dar con la droga, no participó en la operación de decomiso por orden de sus superiores en Bogotá, pues no tenían los 300 millones de pesos para pagar a los informantes.
Según la revista, la ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, había sido informada hace cerca de cuatro meses del interés de EEUU de que fuera retirado el militar e informada por agentes de la DEA de las pruebas que tenían contra él.
Contra el general no hay investigaciones ni en la Fiscalía ni en la Procuraduría (control disciplinario del funcionariado).
Al general Díaz se le pidió solicitar su baja y, como no lo hizo, Ramírez lo pasó a retiro. EFE
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