EscucharDavid Blanco Bonilla
Lima, 16 dic (EFE).- Sin anuncios de actividades oficiales y con un proceso en marcha por supuestas ejecuciones extrajudiciales, mañana se recuerda el décimo aniversario del inicio del secuestro de cientos de personas en la residencia del embajador japonés en Lima.
La noche del 17 de diciembre de 1996 catorce miembros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), liderados por Néstor Cerpa Cartolini, asaltaron la residencia japonesa cuando el embajador Morihisa Aoki celebraba el cumpleaños del Emperador.
Esa incursión, que generó el desconcierto entre los cientos de invitados a la residencia y las fuerzas de seguridad, dio inicio a un secuestro de guión cinematográfico que mantuvo en vilo al mundo entero durante 126 días, hasta el 21 de abril de 1997.
Ese día, las fuerzas de seguridad peruanas concretaron el rescate de 71 de los 72 secuestrados, que seguían retenidos tras ser "seleccionados" por el MRTA, con el saldo de un rehén, dos oficiales del Ejército y los 14 terroristas muertos.
Entre las personalidades rescatadas estuvieron, además de Aoki, el entonces canciller peruano Francisco Tudela; el embajador de Bolivia en Lima Jorge Gumucio y el actual vicepresidente primero de Perú, Luis Giampietri.
La noche del inicio del secuestro, los "emerretistas" liberaron a cientos de mujeres, entre las que se encontraba la madre del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000), Mutsue Inomoto.
Cerpa, entonces el único líder del MRTA en libertad, exigió la liberación de sus compañeros presos, pero luego aceptó una negociación que, en medio de presiones psicológicas a los rehenes, así como la intervención de la Cruz Roja y la Iglesia católica, no logró una salida pacífica a la crisis.
Durante el rescate murió el magistrado Carlos Giusti y el canciller Tudela resultó herido por un terrorista, aunque fue salvado por el coronel Juan Valer, quien murió al anteponerse a una ráfaga de metralla dirigida contra el ministro.
Tras el éxito de la operación "Chavín de Huántar", ordenada por el presidente Fujimori y planificada por su temible asesor Vladimiro Montesinos, se denunció la supuesta ejecución extrajudicial de algunos de los terroristas, lo que dio inicio a un proceso que aún se mantiene en marcha.
Las denuncias de ejecuciones fueron archivadas inicialmente por la justicia militar, aunque posteriormente, y en medio de una contienda de competencia, pasaron a manos de la justicia civil.
Entre los procesados por este caso aparece Montesinos; el ex jefe militar Nicolás Hermoza Ríos, y los coroneles Jesús Zamudio y Roberto Huamán Azcurra, quienes han sido acusados de supuestamente haber "infiltrado" al equipo de rescate para llevar a cabo las ejecuciones por órdenes del ex asesor.
También se investiga al general del Ejército José Williams, entonces jefe del grupo de rescate y, hasta hace una semana, presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Williams, que ha sido nombrado representante peruano ante la Junta Interamericana de Defensa, admite que lideró el operativo, pero rechaza tajantemente su participación, y la de sus subordinados, en cualquier acto de violación los derechos humanos.
Cuando en el 2002 el Poder Judicial ordenó el arresto de doce oficiales que participaron en el rescate, la decisión fue considerara "un atropello" por el sacerdote católico Juan Julio Wicht, un personaje simbólico del prolongado secuestro.
Wicht, quien decidió permanecer junto a los rehenes durante los cuatro meses, a pesar de que los terroristas le dieron carta libre para marcharse, remarca que "la solución pacífica era lo ideal, pero fue imposible lograrla" en medio de una crisis que marcó la historia de los peruanos. EFE
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