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Lejos de aplacarse, los impactos del caso Hank se multiplicaron ayer. Las repercusiones llegaron más allá de los políticos y los partidos mayoritarios, pues alcanzaron también a la embajada de México, la Procuraduría General, el Congreso e incluso el Tribunal Supremo de Elecciones.
El precandidato liberacionista, José Miguel Corrales, rechazó anoche en cadena de televisión estar impulsando una campaña sucia contra su rival socialcristiano, Miguel Angel Rodríguez, y más bien le atribuyó al contendiente haber escandalizado con sus actos a la opinión pública.
Ese hecho culminó un día plagado de ataques, contraataques, respuestas y anuncios de demandas. Algunos de ellos fueron:
- La Embajada de México en Costa Rica expresó su malestar ante críticas de allegados a la tendencia corralista acerca del Estado mexicano. Expresó la disposición de responder cualquier cuestionamiento a su Patria "con firmeza y prudencia" y descartó un deterioro en las relaciones bilaterales.
- La Asamblea Legislativa se estancó en un combate de recriminaciones mutuas entre los diputados del Partido Unidad Social Cristiana y del Partido Liberación Nacional.
- El presidente del PUSC, Abel Pacheco, confirmó que presentará una demanda penal por calumnias, injurias y difamación contra Corrales, por las manifestaciones "ofensivas" emitidas en los últimos días contra dirigentes de ese partido.
- El Tribunal Supremo de Elecciones acordó estudiar la impugnación constitucional de un párrafo del artículo 176 del Código Electoral, que abre el portillo a contribuciones extranjeras a los partidos políticos.
- Ante una inquietud de la Embajada de México, la Procuraduría General reafirmó su potestad de pedir informes a sus homólogos mexicanos acerca del empresario Carlos Hank.
Ahí también estuvieron, entre el 18 y el 20 de mayo, el expresidente Rafael Angel Calderón --quien admite ser cercano amigo de Hank--, el jefe de proyección política del PUSC, Rolando Laclé, y el exministro de Comercio Exterior, Roberto Rojas.
Recriminaciones mutuas
José Miguel Corrales rechazó anoche, a las 7 p.m., ser "un fabricante de escándalos", en respuesta a una acusación de Rodríguez en ese sentido, emitida un día atrás en cadena de televisión. Achacó esa responsabilidad a su rival.
"Ha sido usted, don Miguel Angel. Su conducta ha escandalizado a los costarricenses, al aceptar en préstamo un avión privado para acudir a la invitación que le hizo un hombre investigado desde hace muchos meses, por lavado de dólares provenientes del narcotráfico", dijo Corrales.
El precandidato insistió en que Rodríguez le debe una explicación a los costarricenses y lo invitó a debatir al respecto.
Aprovechó para hacer un llamado a los liberacionistas para que voten en la convención liberacionista del próximo domingo entre él y Wálter Coto, para que sea "una gran manifestación de repudio a la penetración del narcotráfico y de advertencia a quienes pudieran estar amenazando la libertad y la dignidad de Costa Rica" aseveró.
Rodríguez dijo no haber escuchado el mensaje de Corrales. Descartó un encuentro con él pues considera que ya ha explicado su posición a los ciudadanos. Reiteró que las declaraciones del contendiente han sido difamatorias y recalcó que Corrales insiste en esa posición al no tener más argumentos.
"Esto señala que (en la campaña) habrá dos vías de propaganda: nosotros con ideas y Corrales, desde esas alturas del Olimpo donde habita, lanzando rayos y centellas a los mortales, aunque eso signifique mentir y difamar" condenó Rodríguez.
"¡Calumnias!"
"No creo que una disculpa pública (de Corrales) sea suficiente. Quiero ver qué dice el juez", manifestó Abel Pacheco, quien se siente ofendido por las aseveraciones de Corrales del domingo anterior, en el cierre de su campaña, donde supuestamente usó fuertes calificativos para referirse a la cúpula socialcristiana.
Corrales repitió anoche que sus palabras no aludieron a la dirigencia del PUSC, sino a las personas con quienes se habían reunido. "Si he cometido un error doy disculpas. No le he dicho a la cúpula ni a los militantes del PUSC que son narcotraficantes. Nunca fue la intención maltratar a nadie", se excusó en declaraciones a La Nación.
En medio del barullo causado por el escándalo Hank, y sin que esté estrictamente vinculado con ese caso, el TSE acordó ayer que estudiará la posibilidad de presentar una acción de inconstitucionalidad contra un párrafo del artículo 176 del Código Electoral.
El artículo prohibe las contribuciones extranjeras a los partidos políticos, y a las nacionales les pone un tope equivalente a 45 salarios mínimos. Sin embargo, un párrafo permite aportes foráneos dirigidos a capacitación, investigación y educación de los militantes.
Según el presidente del TSE, Rafael Villegas, esto es "terrible" porque no hay límites ni regulaciones específicas de ese tipo de contribuciones.
Eso, en su criterio, podría contravenir el artículo 19 de la Carta Magna el cual prohibe a los extranjeros participar en asuntos políticos nacionales y les fija los mismos derechos y deberes que a costarricenses.
