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La Sala Constitucional salió al paso de las críticas que lanzó la Presidencia de la República por el fallo que limitó la aplicación de retenes policiales en las carreteras.
La presidenta de la Sala IV, Ana Virginia Calzada, contestó que no hay criterios contradictorios en relación con sentencias anteriores, principalmente porque aún no hay ninguna sentencia redactada.
Agregó incluso que carece de sentido el anuncio del Gobierno de presentar un recurso de aclaración, pues el argumento completo de los magistrados no esta redactado todavía.
De momento solo se conoce el “por tanto” del recurso de hábeas corpus presentado por un abogado escazuceño llamado Juan José Rímolo Bolaños, que alegó haber sido víctima de un retén preventivo en San Antonio de Escazú, el pasado 9 de agosto.
Ese fallo generó preocupación en el Gobierno, por considerar que los magistrados estaban anulando una de las “principales herramientas” contra la delincuencia.
El ministro de Seguridad, José María Tijerino, calificó de “equivocada” esa decisión y mostró tres sentencias que, en su criterio, demuestran una contradicción en los juicios de la Sala Constitucional, en relación con el carácter “preventivo” de los controles en carretera.
La Sala en pleno consideró este viernes que los retenes solo pueden realizarse “si existe un indicio comprobado de haberse cometido un delito o noticia
La Sala divulgó esta decisión mediante un comunicado de prensa, sin que aún se conozca completa la argumentación legal del caso instruido por el magistrado suplente José Paulino Hernández.
No obstante, el Gobierno achacó una contradicción a la Sala con base en extractos de sentencias como el siguiente: “Las actividades desplegadas por las autoridades son compatibles con las competencias y atribuciones de prevención y vigilancia a su cargo”.
Esta cita está contenida en la sentencia 10309 del 2002, relacionada con un recurso de amparo presentado contra un retén policial en la carretera Interamericana a su paso por el cerro de la Muerte.
Para Calzada, esa sentencia obedece a un caso “totalmente diferente” al actual, por lo que no cabe la comparación ni las conclusiones sobre criterios opuestos.
“Me parece que están opinando sobre algo que la Sala no ha dicho”, arguyó la magistrada Calzada. Lo más prudente es no emitir opiniones antes de conocer la sentencia concreta y mucho menos hacer comparaciones sin el debido análisis previo”, declaró Calzada ayer por la tarde vía telefónica.
Mientras se aclaran los nublados legales, el Gobierno sigue haciendo retenes ligándolos a la investigación de delito cometido.
Ayer, por ejemplo, la Fuerza Pública instaló un puesto de control provisional en La Uruca, cerca de la sede del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), donde decomisaron un arma de fuego calibre 38, municiones, drogas y un radio con frecuencia policial. Ahí detuvieron a un joven de 20 años.
