Alida Valea
Bucarest, 13 ago (EFE).- Rumanía ha decidido abrir casi 17 años tras el fusilamiento del ex dictador comunista Nicolae Ceausescu los archivos de la "Securitate", la antigua policía política, lo que ha expuesto la colaboración de numerosos políticos, periodistas y otras personalidades con este órgano represivo.
Se calcula que la "Securitate" montó una red con hasta 700.000 informadores -algunos incluso menores de edad- en parte voluntarios pero en muchos casos forzados e intimidados por la propia policía secreta.
Una lista de 29 parlamentarios investigados por el "Colegio Nacional de Estudio de los Archivos de la Securitate" (CNSAS) inflama ahora los espíritus en este país balcánico, que espera poder entrar en la Unión Europea (UE) el próximo primero de enero.
Los informes sobre los diputados fueron enviados la semana pasada a CNSAS por el Servicio Rumano de Informaciones (SRI), que los conservaba en la sección de "secretos que afectan la seguridad nacional".
Figuran entre los supuestos colaboracionistas la diputada liberal Mona Musca, ex ministra de Cultura, personalidad con la más alta cota de confianza entre los rumanos tras el presidente Basescu, y también Gyorgy Frunda, senador de la Unión Demócrata de los Magiares de Rumanía, dos veces candidato a la presidencia del país.
Musca reconoció en rueda de prensa que en 1977 cuando era profesora en la Universidad de Timisoara se comprometió con la "Securitate" para informar sobre los estudiantes extranjeros, aunque sostuvo que entonces eso era una actividad normal y obligatoria para aquellos que trabajaban con extranjeros.
La ex ministra presentó a la prensa todos los documentos que la incriminaban y apeló al juicio de la población.
Frunda, por su parte, desmintió haber colaborado con la policía política, mientras que el diputado socialdemócrata Alin Teodorescu, secretario del gabinete del ex primer ministro Adrian Nastase entre 2000-2004, reconoció haber espiado a antiguos disidentes.
Dos conocidos periodistas también confesaron su colaboración después de que una ONG solicitara dentro de una campaña llamada "Voces limpias" a CNSAS la investigación de unas mil personas que trabajan en los medios de información.
El CNSAS se enfrenta a una avalancha de más de 80.000 solicitudes por parte de partidos políticos, ONG, asociaciones de periodistas, estudiantes y sindicatos para revelar a los colaboradores de la "Securitate".
Esta autoridad en materia de la antigua policía política tiene ahora que investigar unos 1,5 millones de "dossiers", lo que equivale a unos 12 kilómetros de archivos.
Creado en 1999, CNSAS trabajó durante siete años con apenas el 0,3 por ciento de los archivos existentes, que se encontraban en custodia de los actuales servicios secretos (SRI).
El Gobierno liberal-demócrata -llegado al poder tras las elecciones de 2005- y el presidente Traian Basescu promovieron una nueva ley que permite el acceso a todos los documentos de la "Securitate".
El conocido periodista Cornel Nistorescu estima que Rumanía tendría que haber seguir el ejemplo de Alemania y abrir los archivos poco después de la revolución de 1989.
Señala que en el país balcánico, a lo largo de los últimos 17 años, los "dossiers" secretos fueron destruidos, quemados, falsificados o utilizados como arma de chantaje.
Otros analistas estiman la actual campaña contra los informadores como una diversión orquestada por los propios ex agentes y oficiales de la "Securitate" que torturaron, mataron, encarcelaron y destruyeron vidas y que ahora ocupan puestos importantes en la política y la actividad economía.
"Sus objetivos son ahora el poder y la fortuna", señala Petre Mihai Bacanu, columnista del diario "Romania Libera" y añade que no sólo los informadores sino la propia "Securitate" debe ser desenmascarada.
"La apertura de los archivos de la "Securitate" es de excepcional importancia aunque se haga con tardanza", cree por su parte Vladimir Tismaneanu, un reconocido historiador del comunismo.
La sociedad rumana debe "purificarse" antes de su ingreso en la UE, previsto para el año próximo. EFE
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