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LA PAZ (AFP) El referendo revocatorio del próximo domingo, en el que el presidente, su vice y los prefectos bolivianos pondrán en juego sus cargos, ingresó a la recta final, en medio de un caos jurídico por el proceso y la amenaza de que se desaten protestas civiles por demandas regionales.
El presidente Evo Morales aceleró su desplazamiento por varias ciudades del país, arengando a sus adherentes para que voten por él, reivindicando los logros gubernamentales y, a la vez, recordando que en las urnas se juegan dos modelos económicos: el suyo y el de la oposición.
"En este referéndum revocatorio, ¿qué está en debate? Están en debate dos programas de gobierno, dos modelos económicos: nacionalización o privatización de nuestros recursos naturales", afirmó Morales, quien, en sus dos años y medio de gestión, nacionalizó la riqueza hidrocarburífera en manos de firmas brasileñas, españolas, inglesas y holandesas y empuja a duras penas la reversión de tierras que califica de improductivas en manos privadas.
A una semana de la consulta, más que certezas, han aflorado incertidumbres sobre las condiciones en que se realizará el referendo, en un caos jurídico que no hace presumir una fácil resolución.
La Corte Nacional Electoral (CNE) ya "distribuyó 4,2 millones de papeletas de sufragio a las cortes" de los nueve departamentos, afirmó a la AFP una fuente de la entidad que señaló que "casi un 100% de las tareas organizativas están listas".
La CNE resolvió el jueves ir a la consulta pero modificó internamente una ley del Congreso sobre los porcentajes que se utilizarán para remover o ratificar a los prefectos, lo que desató la ira de autoridades parlamentarias.
Según la CNE, los prefectos (gobernadores) de La Paz, Oruro, Cochabamba, Potosí, Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando (Chuquisaca fue excluida porque recién se eligió a la nueva autoridad) serán revocados de sus mandatos, que legalmente concluyen el próximo año, si es que los votos negativos superan el 50% de las boletas válidas.
La ley de convocatoria, sin embargo, señala que se deben utilizar los parámetros de la elección de diciembre de 2005, cuando esas autoridades distritales alcanzaron entre el 38% y 48% de los sufragios.
El tribunal, sin embargo, mantuvo el listón del 53,4% para el presidente Morales y su vicepresidente Alvaro García, que es el que obtuvieron en los últimos comicios, lo que también motivó las críticas opositoras.
El jurista y senador de la agrupación Podemos, principal fuerza de oposición, Luis Vásquez, disparó contra la CNE, al recordar que la Constitución boliviana señala que "son nulos los actos de los que usurpen funciones que no les competen", como sería este caso.
El referendo también se realizará, en medio de protestas civiles que comenzaban este domingo y lunes en cinco regiones opositoras que reclaman al presidente Evo Morales restituirles unos 166 millones de dólares de fondos anuales, que el poder Ejecutivo usa para pagar una bonificación a los ancianos.
Líderes civiles de Santa Cruz, la rica región y bastión rebelde, anunciaron para este domingo el comienzo de una huelga de hambre, mientras que sus pares de Beni, Tarija, Chuquisaca y Pando lo harían desde el lunes, según últimas versiones de prensa.
El presidente Morales llamó a consulta con la esperanza de lograr validar en las urnas su política nacionalista y, a la vez, remover de sus cargos a seis prefectos opositores (La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija), a quienes acusa de bloquear su gestión.
De ellos el prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, considera ilegal el referendo y por ello de antemano ha señalado que no acatará su resultado.
© 2008 AFP
