EscucharBogotá, 27 may (EFE).- El Gobierno de Colombia anunció hoy una recompensa de 1,2 millones de dólares a quien facilite la detención del jefe paramilitar Diego Fernando Murillo, acusado por el asesinato de tres personas, entre ellas un político regional.
El general Jorge Daniel Castro, director de la Policía, indicó que la recompensa se pagará a quien ofrezca información para detener a Murillo, alias "Don Berna" o "Adolfo Paz", uno de los líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
El jefe paramilitar, que participaba en las negociaciones de paz del Gobierno con las AUC, está afectado por una orden de detención por el asesinato del diputado regional Orlando Benítez, una de éste hermana y el chófer.
Los tres fueron asesinados el pasado 10 de abril en una carretera del departamento de Córdoba (noroeste), cerca de la zona de concentración establecida en esa región para las conversaciones de paz.
El pasado miércoles, el Gobierno colombiano declaró suspendido el proceso de paz con "Don Berna" y ordenó a la Policía arrestarlo, en cumplimiento de una orden emitida la víspera por la Fiscalía General de la Nación.
El general Castro explicó que continúa la operación para detener a "Don Berna", en la que participan centenares de hombres de comandos especiales apoyados por helicópteros, especialmente en la zona de diálogos, de 368 kilómetros de área.
Confirmó que el pasado jueves fue encontrado un computador del paramilitar, al parecer en una finca del perseguido.
Horas antes, las AUC exigieron al Gobierno que suspenda la orden de captura contra "Don Berna", y descartaron que éste se piense entregar, si bien afirmaron que seguirán en el proceso de paz establecido hace más de dos años.
Otro de los líderes del grupo paramilitar, Iván Roberto Duque, alias "Ernesto Báez", declaró a emisoras locales que "Don Berna" "no es un ciudadano común y corriente", sino un negociador de paz.
Las AUC, creadas hace más de dos décadas para combatir a las guerrillas izquierdistas, tienen al menos 17.000 integrantes y están acusadas de múltiples violaciones de los derechos humanos.
Los preacuerdos del proceso de paz contemplan la disolución de los escuadrones antes de 2006 y hasta ahora se han entregado unos 5.000 combatientes. EFE
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