EscucharSao Paulo. La violencia volvió a recrudecer esta madrugada en el estado brasileño de Sao Paulo, con nuevos atentados con bombas y balas contra bases militares, órganos públicos y escuelas, siete autobuses incendiados, así como una imprenta editora de un diario, y la invasión de un hospital, donde murió una persona.
Después de un aparente cese de la ola de ataques, que desde su inicio el viernes pasado ya dejaron como saldo 147 personas muertas, casi un centenar de autobuses incendiados y 281 atentados contra blancos policiales y civiles, la mayor metrópolis sudamericana y ciudades cercanas vuelven a vivir en clima de pánico.
En San Sebastián, en el litoral norte de Sao Paulo, cuatro hombres encapuchados y armados con escopetas calibre 12 y pistolas invadieron la imprenta del diario "Prensa Libre", redujeron a los funcionarios e incendiaron máquinas y toda la edición, según informó hoy la agencia brasileña de noticias "Estado".
"Nos ordenaron que todos nos tirásemos al piso y quemaron la impresora, la edición entera y la guillotina. Mientras incendiaban todo decían que no debíamos informar más nada sobre el PCC (Primer Comando de la Capital, grupo armado responsable por la escalada de violencia en el estado)", dijo el editor jefe del diario, Igor Verltan.
En la misma región unos ocho hombres encapuchados invadieron el hospital Santa Casa y mataron a un hombre que estaba internado desde el lunes.
Siete escuelas fueron atacadas con balas y bombas en todo el estado. En una de ellas los delicuentes huyeron dejando bidones de gasolina y tres detonadores de bombas.
En Pindamonhagaba, 145 kilómetros de Sao Paulo, donde dos escuelas fueron atacadas con bombas molotov, un adolescente de 13 años sufrió quemaduras en una pierna.
Para la policía sin embargo, ninguno de los ataques a escuelas está vinculado con el PCC. "En algunos casos que estuvimos verificando, no estamos seguros, pero (los ataques) están más cerca de ser criminalidad común. Hay que filtrar eso, ver lo que puede ser atribuído al crimen organizado", dijo un portavoz.
En un barrio de la capital la policía invadió una favela cercana a la comisaría tras recibir información de que sería atacada. En la operación los agentes mataron a tres personas y se incautaron de municiones, un fusil, bombas caseras y una granada.
La policía, que se encontraba en estado de alerta por orden de la Secretaría de Seguridad Pública, confiscó además chalecos a prueba de balas y subametralladoras en varias acciones realizadas durante la noche.
En Campinas, importante ciudad universitaria de Sao Paulo, una bomba explotó sobre las piernas de un delincuente que pretendía atacar con ella a una comisaría desde la moto en que viajaba.
También hubo ataques con balas contra el Instituto de Investigación Criminal.
Como respuesta a la ola de violencia, el Senado de la república aprobó ayer en forma urgente un paquete de once medidas que buscan endurecer las penas contra delincuentes vinculados al crimen organizado, así como volver más efectiva la seguridad pública.
Entre las medidas aprobadas, que la Cámara de Diputados debe ratificar, se encuentran la ampliación del tiempo de aislamiento de presos considerados peligrosos.
Además, se aprobó la tipificación como delito del uso de teléfonos móviles dentro de las cárceles y el bloqueo de las señales para telefonía móvil en los alrededores de las prisiones.
También se verán afectados los abogados de los presos vinculados al crimen organizado. De acuerdo con una propuesta de la Orden de los Abogados de Brasil (OAB), los letrados hablarán con sus clientes mediante teléfono interno y las conversaciones serán grabadas. Además, pasarán a ser revisados cuando ingresen a las prisiones igual que el resto de la población.
Mientras tanto, ha surgido una polémica a nivel de gobierno y sociedad por las muertes de civiles presuntamente vinculados al PCC y a los atentados.
Desde el inicio de los ataques la policía mató unas 92 personas, de las que 40 todavía no fueron identificadas. Miembros de organismos de derechos humanos, tanto del gobierno como civiles, alertaron sobre el peligro de que la reacción policial esté sobrepasando los límites de la ley.
