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Lo que el domingo fue triunfo para las asociaciones de desarrollo aledañas a Río Azul, al declarar el cierre definitivo del vertedero, 250 efectivos policiales lo convirtieron ayer en la madrugada en derrota, cuando se impuso la voluntad del Gobierno de reabrir el relleno.
Las protestas organizadas por el comité cívico interdistrital, que agrupa a siete asociaciones de desarrollo, no fueron suficientes para evitar que los camiones de las municipalidades del Convenio Cooperativo Intermunicipal (COCIM), empezaran ayer a primera hora a depositar otra vez ahí la basura. (Véase nota aparte.)
Al mismo tiempo que las comunidades aledañas a dicho botadero deciden cómo atacar legalmente la acción gubernamental de reapertura del relleno, para los vecinos de Santa Ana se encendió ayer una luz de esperanza. Pese a que la Sala IV declaró sin lugar un recurso de amparo que se oponía a la instalación de un vertedero en dicha zona, aclaró a la vez que corresponde a los municipios la potestad de decidir sobre la basura.
Anoche, en una reunión en San Antonio de Desamparados, dirigentes del comité civico interdistrital anunciaron que emprenderán una lucha por la vía legal para impugnar la reapertura del relleno. Preparan un recurso de amparo y una acción de inconstitucionalidad.
La indignación y la desconfianza se hizo mayor entre los dirigentes del comité interdistrital cuando ingresó, a las 6:40 a.m. de ayer, el primer camión de basura de la Municipalidad de San José. De inmediato continuó el desfile de camiones recolectores.
"Estoy avergonzada de un presidente olvidadizo que no cumple su palabra... Víctor Ojeda no cumplió con Río Azul y todo el pueblo repele lo que hizo, pero actuaremos por la vía legal", dijo Ana Lucía Montoya.
Héctor González, de la misma agrupación, afirmó que ya él esperaba esa actitud del Gobierno. "Creí que iba a ser más elegante y a la luz del día, pues lo hicieron como los ladrones, en la madrugada", añadió.
Tanto el titular de Salud, Herman Weinstok, como su homólogo de Asunto Específicos, Víctor Ojeda, expresaron que utilizar la fuerza pública era la forma más segura de garantizar a la población del área metropolitana la continuidad de un servicio.
"Está en juego la salud pública, no podemos corrernos el chance de un caos en la ciudad. Coincido con los vecinos en que tiene que dejar de depositarse la basura ahí, pero ahora era la única opción y será por un tiempo prudencial", aseguró Ojeda.
El funcionario agregó que las municipalidades ya están manejando sus propias soluciones y en corto plazo esperan tener resuelto el problema de la basura.
Municipios deciden
Entre tanto, ayer la Sala IV declaró sin lugar el recurso de amparo 1350-V-96 contra la instalación del relleno en Santa Ana. No obstante, el órgano judicial manifiesta a la vez que los municipios tienen la potestad de decidir todo lo relativo a la recolección, tratamiento y disposición de desechos, mientras "no se disponga su nacionalización mediante ley formal".
Un comunicado enviado por Fabián Barrantes, jefe del departamento de Información y Relaciones Públicas del Poder Judicial, dice lo siguiente: "a la fecha no ha existido acto alguno que disponga que los desechos sólidos serán depositados en el relleno sanitario que está construyendo la empresa Waste Placemente Professional (WPP) en el cantón de Santa Ana, estableciendo que es la Municipalidad de Santa Ana la que debe autorizar o no el funcionamiento de un relleno sanitario en el cantón".
Tanto Eugenio Vargas, asesor legal del comité de lucha contra el relleno en Santa Ana, como el dirigente comunal Ricardo Rodríguez, tomaron con entusiasmo la decisión.
Aparte de ese recurso fallado, aún quedan pendientes de resolución tres recursos de amparo más y una acción de inconstitucionalidad.
