EscucharEl Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) acuerpó ayer al candidato a diputado Luis Fishman Zonzinski frente al requerimiento en su contra por supuesta usurpación de bienes de dominio público.
El respaldo al exministro de Seguridad Pública y de Gobernación en la causa que se le abrió en la Alcaldía de Matina, vino del jefe de campaña socialcristiana, Roberto Tovar, y de Joaquín Elías Quesada, miembro del Tribunal de Etica del PUSC.
Desde el pasado 22 de setiembre, Isaac Solís Solís presentó una denuncia penal contra Nelson Díaz Granados, Víctor Solano y Fishman. Según el quejoso, ellos se presentaron el 31 de julio de este año en las instalaciones de la firma Gracor Internacional S.A., dedicada a la extracción de materiales en el cauce del río Chirripó, en Matina. La versión de Solís es que las personas acusadas supuestamente tomaron el lugar por la fuerza.
Según el departamento de Información y Relaciones Públicas del Poder Judicial, el jueves Fishman fue requerido por usurpación de bienes de dominio público. El expediente fue trasladado de Matina al Juzgado de Instrucción de Pavas, instancia que deberá notificar al candidato a diputado -quien vive en Rohrmoser- acerca de la causa que se le sigue.
Fishman se encontraba ayer en Suiza tomando unas vacaciones. Regresará el 11 ó 12 de noviembre.
El jefe de campaña socialcristiano atribuyó la autoría del caso a la una campaña "sucia" del candidato liberacionista José Miguel Corrales. "Luis está expuesto a acusaciones y toda persona que es objeto de acusaciones tiene derecho a defenderse. El país conoce a Luis como una persona honesta, seria (...) Presidente de una compañía que pretende que se le reconozcan sus derechos en este caso..." comentó.
El representante del Tribunal de Etica del PUSC, Joaquín Elías Quesada, dijo que ese órgano conocería el caso en contra de Fishman cuando alguna persona se presente a poner la denuncia y no mientras fuera un anónimo.
El caso
El asesor del exministro, Pablo Ureña, explicó que Nelson Díaz Granados -uno de los acusados junto con Fishman- era en ese momento y ahora el depositario judicial desde mayo de 1995 de la propiedad en disputa, según la orden del juez sexto de instrucción de San José, Alvaro Jiménez.
Ureña agregó que como depositario judicial, Díaz Granados se hizo presente en el lugar el día 31 de julio para inspeccionar las instalaciones a su cargo.
Sin embargo, la versión de Solís es que "sin fundamento legal alguno procedieron a tomar por la vía de hecho maquinaria, equipos y vehículos", tanto de la empresa Gracor Internacional como de la empresa colindante Ilios S.A.
