Contra el criterio de los técnicos, la junta directiva del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) adjudicó una millonaria licitación de suministro de energía a un grupo de empresas representadas por Fernando Altmann, suegro del presidente de la República, José María Figueres.
Este contrato, aprobado el 11 de marzo, dejó por fuera a la firma de origen israelí Ormat International Incorporated, que quedó en segundo lugar y la cual --según los técnicos del ICE y dos directivos-- costaría a la institución $7 millones menos que la escogida.

El grupo favorecido, integrado por las empresas Oxbow Power Corporation, Oxbow Power Services y Marubeni Corporation, obtuvo el primer contrato que otorga el ICE bajo la modalidad Construción, Operación y Transferencia (COT), sistema en el que el adjudicatario es el responsable de financiar la obra, su diseño, suministros, construcción, montajes, puesta en marcha, operación y mantenimiento para vender al ICE la energía que produzca durante 15 años. Cumplido ese plazo, la empresa deberá transferir la planta a la institución, sin costo alguno.
El proyecto pretende construir la tercera unidad de generación eléctrica, de 50 megavatios, en el volcán Miravalles, cantón guanacasteco de Bagaces.
Esta es la segunda vez en que un proyecto donde aparece involucrado el suegro del presidente Figueres genera cuestionamientos. La primera fue con la ampliación y rehabilitación de la carretera Bernardo Soto, concesión que actualmente estudia la Contraloría General de la República a raíz de diferentes denuncias sobre supuestas anomalías en el contrato.
Ayer se intentó conocer la versión de Altmann sobre el proceso licitatorio que le favoreció; sin embargo, el empresario insistió en que no dará declaraciones hasta que no se publique el edicto en el diario oficial La Gaceta.
Francisco Font, presidente de la firma Font S.A. --que representa al holding israelí Ormat--, también declinó ayer referirse al tema al ser consultado por La Nación.
Mejor calificada
En febrero, el ingeniero Wálter Retana, coordinador del Proyecto Geotérmico Miravalles, entregó al Consejo Directivo del ICE un informe de 26 páginas en el que comparó las tres ofertas recibidas durante el proceso licitatorio (las dos citadas anteriormente y otra de las firmas Union Oil Company of California y Sumitomo Corporation).
El técnico concluyó que tanto la propuesta de Ormat como la de Altmann cumplían con los términos del cartel y que ambas eran aceptables. No obstante, destacó que la oferta de Ormat presentaba la menor tarifa de comparación ($0,0611 el kilovatio/ hora; $0,0057 menos que las empresas de Altmann) y recomendó que se le adjudicara a esa firma.
Un estudio financiero preparado por el técnico Guillermo Flores también favoreció a Ormat por su solvencia, rendimiento, porcentaje de solidez y relaciones de deuda, por encima de Marubeni.
Algunos de los directivos que votaron contra Ormat reconocieron que esa compañía era la mejor opción, según se desprende de las actas de las sesiones en las que se discutió el asunto --de las cuales este diario tiene copia--.
El presidente ejecutivo del ICE, Roberto Dobles, y el directivo Oscar Saborío fueron los únicos que votaron en favor del consorcio de origen israelí. Ambos respaldaron los criterios técnicos del personal especializado de la institución.
Mientras, los directivos Joaquín Alberto Fernández, Gerardo Rodríguez, Luis Líberman y Victor Manuel González favorecieron a las compañías representadas por Altmann. Alejandro Esquivel votó por declarar desierto el proceso licitatorio e iniciar otro.
Contra viento y marea
Los directores que descalificaron a Ormat alegaron que la empresa no presentó los estados financieros de la firma oferente --Ormat International, con sede en Estados Unidos--, sino los de la casa matriz --Ormat Industries Limited--, con sede en Yavne, Israel. Esta última es la dueña de la totalidad del capital de la empresa participante.
No obstante, un oficio emitido por Víctor Cerdas, jefe del Departamento de Asesoría Legal del ICE --del cual La Nación tiene copia-- descartó ese cuestionamiento. "Al constituir ambas empresas parte de una asociación accionaria denominada holding y considerando que se está en presencia de una contratación de carácter atípico y no un simple contrato de suministro (..), considera esta Asesoría que el defecto apuntado queda debidamente subsanado", indicó el documento.
Joaquín Alberto Fernández, vicepresidente ejecutivo del ICE y uno de los directores que más impulsó el rechazo de las recomendaciones administrativas, explicó ayer que la Contraloría, en dictámenes anteriores, ha reiterado sobre la necesidad de que los oferentes presenten sus propios estados financieros y no los de su casa matriz. "Ante esa situación, yo prefiero hacerle caso a la Contraloría y no a los técnicos del ICE", sentenció.
Consultada sobre este particular, la Dirección de Contratación Administrativa de la Contraloría no emitió un criterio sobre el caso en particular, puesto que será ese órgano quien resuelva una eventual apelación; sin embargo, se indicó que para adjudicar una licitación "no necesariamente" deben aplicarse pronunciamientos anteriores emitidos por ese órgano pues "cada caso tiene su propia identidad".
Esa Dirección también explicó que, en varias oportunidades, se ha demostrado que las empresas subsidiarias no manejan estados financieros, pues es la casa matriz quien los lleva. "Eso depende del régimen bajo el que operan", se indicó.