Tegucigalpa, 5 nov (ACAN-EFE).- Periodistas y representantes de la sociedad civil de Honduras comenzaron hoy, miércoles, a analizar un anteproyecto de ley de Acceso a la Información Pública.
El objetivo de la iniciativa es abrir espacios que conlleven a la reducción de los niveles de corrupción en este país, indicaron dirigentes del Comité de Libre Expresión (C-LIBRE), un organismo privado que integran periodistas independientes y miembros de organizaciones de defensa de los derechos humanos en Honduras.
En la reunión participaron como expositores el sub director de la Revista Proceso (México), Gerardo Albarrán, y el segundo adjunto de la Defensoría del Pueblo de Panamá, Guido Rodríguez.
El anteproyecto de ley fue elaborado a solicitud de C-LIBRE por el consultor privado y ex comisionado nacional de los Derechos Humanos en Honduras, Leo Valladares.
Valladares dijo que la nueva legislación tiene, entre otros objetivos, garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Estado, y asegurar el principio democrático de rendición de cuentas y consolidar el sistema democrático.
Además, se buscará promover y garantizar el derecho de acceso a la información pública de la población hondureña.
C-LIBRE considera que este instrumento será fundamental en la lucha contra la corrupción pública y la transparencia de los funcionarios del Estado en la ejecución de las políticas públicas y el manejo de los presupuestos del Estado.
"Creemos que este es un buen principio para ir orientando a todos los hondureños sobre ese derecho humano que tenemos para garantizar el acceso directo a la información pública", expuso Bertha Oliva, presidenta del Comité de Familiares de detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y miembro de C-LIBRE.
"Lo que pretendemos es ir democratizando a Honduras con leyes y normas que realmente puedan ponerse en práctica y ejecutarse", agregó.
El Segundo Adjunto de la Defensoría del Pueblo de Panamá dijo que las leyes de acceso a la información "son instrumentos fundamentales en la lucha contra la corrupción porque a la luz pública es muy difícil que se den actos de corrupción".
"La corrupción por definición se da a puertas cerradas, ocultando las actividades ilícitas, pero cuando hay transparencia se dificulta mucho a los agentes de los actos corruptos llevarlos a cabo, por lo tanto es una medida preventiva muy válida", explicó Rodríguez.
Además, dijo que el libre acceso a la información pública permite a los ciudadanos tomar decisiones bien sustentadas en favor de sus comunidades y "escudriñar y auditar la gestión de las personas a las que les delegamos el manejo de la cosa pública".
Gerardo Albarrán señaló que este tipo de leyes facilitan que la sociedad esté bien informada para participar en la toma de decisiones de su propia comunidad.
"Es un instrumento de democracia, de transparencia y un instrumento que va generando una cultura de rendición de cuentas y en ese sentido contribuye a la reducción de los índices de corrupción", señaló.
En su opinión, las leyes de acceso a la información pública generan mucha resistencia entre quienes "tienen que ver con esa cultura del secretismo" que favorece la corrupción. (ACAN-EFE)
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