EscucharEn la batida del Ministerio Público contra los fraudes con propiedades, esta semana fueron acusados penalmente dos empleados del Registro Público por supuesta complicidad con dos notarios y un empresario que se apoderaron ilegalmente de una finca ubicada en Escazú.
La noticia fue confirmada el lunes a La Nación por el fiscal general de la República, Carlos Arias Núñez, quien precisó que a los dos empleados, junto con los dos notarios y el empresario, se les atribuye la supuesta comisión de los delitos de falsedad ideológica y fraude de simulación.
Arias prefirió no revelar la identidad de los acusados. No obstante, de otra fuente La Nación supo que los servidores del Registro son, al parecer, una mujer y un hombre que desde hace varios años laboran para esa entidad.
Se trata de la primera ocasión en que el Ministerio Público requiere formalmente a dos empleados de esa institución por hechos relacionados con irregularidades con propiedades.
Arias concretó que a los funcionarios se les relaciona con las anomalías registrales mediante las cuales la finca 207.086, inscrita en el Registro Público a nombre del chino Houng Yee Loop Pen, fue traspasada -mediante un aparente fraude- a nombre de una compañía denominada Representaciones Olivares.
Preso exregistrador
Por otra parte, la semana pasada fue aprehendido un exregistrador del Registro Público, a quien se le atribuye un fraude relacionado con la inscripción de una hipoteca falsa.
Según las indagaciones, este hombre -cuya identidad tampoco fue revelada por el Ministerio Público- actuaba en contubernio con una notaria, que es su esposa.
Al parecer, la mujer se ha visto involucrada en varias inscripciones de fincas mediante fraude, pero contra ella no se han ejercido acciones penales.
También permanece preso desde la semana pasada otro hombre no identificado, a quien se detuvo cuando se apersonó a declarar -previa citación de la Fiscalía- sobre la compra de una propiedad cuya inscripción era cuestionada.
De acuerdo con el Fiscal General, el hombre alegó que era comprador de buena fe, pero no pudo probar ante el Ministerio Público que había pagado la adquisición del inmueble.
El impacto de los fraudes con terrenos trascendió a mediados de mayo, cuando la ministra de Justicia, Maureen Clarke, pidió a la Fiscalía indagar la presunta complicidad de funcionarios del Registro Público con esos delitos.
Según el OIJ, solo en los últimos tres años el valor de las propiedades sustraídas mediante fraude a sus legítimos dueños suma ¢50.000 millones.
