EscucharBuenos Aires, 27 jun (EFE).- Julio Nazareno, que hoy renunció como presidente de la Corte Suprema de Justicia, afrontaba 22 cargos en su contra que fueron admitidos por el Parlamento sobre un total de más de un centenar de denuncias recibidas.
Nazareno, de 67 años, dejó el puesto más alto de la justicia local un día después de que la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados resolvió dar inicio a un proceso de enjuiciamiento para removerlo del cargo.
La legislación argentina establece que en caso de renuncia del presidente de la Corte debe asumir en su reemplazo el vicepresidente del cuerpo, cargo que actualmente ocupa el magistrado Eduardo Moliné O'Connor.
En las últimas semanas los diputados encargados de analizar su desempeño habían admitido ocho causas en las que Nazareno acumulaba 22 cargos en su contra y se calculaba que el pleno de la cámara baja iba a dar inicio al proceso el próximo 10 de julio.
El año pasado, cuando en el Parlamento estuvo a punto de prosperar un juicio político contra los nueve miembros del máximo tribunal, Nazareno fue el juez supremo que más acusaciones recibió, con 44 cargos.
La gran mayoría de las causas analizadas actualmente estaba vinculada con fallos dictados por la Corte Suprema, aunque también había otras abiertas por sus controvertidas declaraciones o actitudes públicas.
Los diputados le adjudicaron la comisión de delitos tales como "prevaricato" (injusticia dolosa o culposa) y le acusaron de "falta de decoro" por la reciente polémica que mantuvo con el presidente argentino, Néstor Kirchner, a través de los medios de comunicación.
Entre otros cargos, Nazareno afrontaba los de "presión moral y obstrucción a la tarea de una comisión legislativa", "abuso de autoridad e invasión de las facultades de otro organismo" y "percepción indebida" de un plus salarial por "desarraigo".
Uno de los que tuvo mayor trascendencia estaba vinculado con el denominado "caso Meller", una empresa contratista que demandó al Estado por el pago de un contrato por unos 29 millones de dólares.
Contra la opinión de dos organismos de control de los gastos estatales, Nazareno y otros cuatro jueces supremos dictaminaron a favor de la contratista y debido a los mecanismos de indexación el Estado fue forzado a pagar unos 137,5 millones de dólares.
Julio Nazareno había asumido como presidente del alto tribunal en 1990, pocos meses después de la asunción como jefe del Estado de Carlos Menem, con quien lo une una antigua relación profesional y de amistad.
Sus detractores aseguran que Nazareno lideró la llamada "mayoría automática" en el seno de la Corte, a la que se acusa de haber fallado en sintonía con las aspiraciones del Ejecutivo que presidió Menem entre 1989 y 1999.
En octubre pasado el inicio de un juicio político en su contra se frustró por apenas trece votos en la Cámara de Diputados, que actúa como parte acusadora en los procesos contra los integrantes del alto tribunal.
En esa oportunidad estaba acusado, entre otras cosas, de "mal desempeño" en la resolución de causas referidas a las restricciones bancarias impuestas por el Gobierno en medio de la crisis de finales de 2001, conocidas como "corralito" financiero.
También se le imputaba el mismo cargo en la investigación que la Corte hizo sobre el atentado terrorista que destruyó la sede de la embajada de Israel en Buenos Aires, cometido en 1992 y que dejó 29 muertos y centenares de heridos.
Además, fue cuestionado por no haberse excusado de intervenir en la causa vinculada con la venta ilegal de armas argentinas a Ecuador y Croacia debido a su relación con el ex presidente Menem, uno de los procesados en ese expediente.
A raíz de aquella investigación, durante 2001 el ex presidente fue acusado por un juez de primera instancia de liderar una "asociación ilícita" y pasó más de seis meses bajo arresto domiciliario, pero fue liberado gracias a un fallo de la Corte.
La renuncia de Nazareno se produjo una semana después de que el presidente Kirchner limitó por medio de un decreto las facultades del Ejecutivo para nombrar a nuevos miembros del alto tribunal.
La medida creó una instancia que permite que cualquier asociación civil o ciudadano haga observaciones previas a la designación de jueces supremos cuando se produzcan vacantes en el cuerpo.
De todos modos, la Constitución argentina establece que es el presidente quien tiene la facultad de proponer a uno o varios postulantes a integrar la Corte al Senado, donde las designaciones deben ser aprobadas por los dos tercios de sus 72 legisladores. EFE
hd/ag
