EscucharSan José, 2 dic (ACAN-EFE).- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) anunció hoy que prepara una demanda contra Panamá por la muerte del dirigente popular Heliodoro Portugal en 1970, aparentemente a manos de militares.
La oficina del CEJIL en Costa Rica indicó en un comunicado que "los familiares de la víctima presentarán en las próximas semanas sus argumentos para respaldar el envío del caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos".
Según la organización no gubernamental, el pasado 28 de noviembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les presentó un informe sobre el caso en el que les solicitó su opinión sobre el sometimiento del caso a la Corte, con sede en San José.
Explicó que "en la misma notificación la CIDH informó que había concedido dos meses al Estado panameño para cumplir con sus recomendaciones. Transcurrido dicho plazo (que concluirá en enero), decidirá si envía el caso a la Corte".
Heliodoro Portugal, quien fuera dirigente popular, fue desaparecido presuntamente por militares panameños el 14 de mayo de 1970, y sus restos fueron encontrados en el año 1999, en los predios de un antiguo Cuartel de la Guardia Nacional, indicó CEJIL.
En octubre de 2004, el Estado panameño y CEJIL fueron convocados por la CIDH a una audiencia pública en la que el Estado fue invitado a iniciar un proceso de solución amistosa, la cual no aceptó, según el Centro.
"CEJIL en calidad de representante legal de los familiares de Heliodoro Portugal ha denunciado ante la CIDH al Estado panameño es responsable de la violación del derecho a la vida de Portugal", agrega el comunicado.
La entidad humanitaria concluyó que "si el caso es enviado a la Corte será por la negligencia de las autoridades estatales para brindar justicia, por su falta de voluntad política para iniciar un proceso de solución amistosa y por el incumplimiento de las recomendaciones dadas por la CIDH".
CEJIL es una organización no gubernamental que busca la defensa de los derechos humanos en América, y su objetivo es asegurar la implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA). ACAN-EFE
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